El ‘Bono contra el hambre’ aprobado por la Asamblea Legislativa determina dar Bs 1.000 a las personas mayores de 18 años que no tengan ningún tipo de ingreso, a las beneficiadas del bono Juana Azurduy, a las personas con capacidades diferentes y los que recibieron el bono Universal, es observado por su carácter electoralista.

Al respecto, para los analistas consultados la medida busca responder a una urgencia y necesidad que es real, pero también es resultado de un cálculo político que busca lograr un rédito que no tiene ninguna base técnica y menos un análisis a mediano plazo sobre los efectos que esto tendrá en la economía del país.

Jaime Dunn, analista económico, señaló que el nuevo bono tenga un valor de Bs 1.000 es una clara muestra de que como la Asamblea Legislativa escuchó las ‘sugerencias’ de Luis Arce, candidato a la presidencia por el MAS, que sostuvo que los bonos que daba el Gobierno de transición eran muy bajos y que el monto mínimo debía ser de Bs 1.000.

Para Dunn el nuevo bono es resultado de un acto electoralista que recurre a los recursos públicos o al endeudamiento externo, un comportamiento que, a criterio del analista, más adelante podría causar problemas en la macroeconomía boliviana.

Waldo López, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, sostuvo que con los actuales ingresos que tiene el país no se puede seguir generando esta cantidad de bonos, que solo tienen un resultado a corto plazo y son políticamente interesados.

López indicó que el país recibe menos divisas por las exportaciones de gas y que, por la actual coyuntura, las ventas al exterior de los productos no tradicionales son menores. La única fuente de ingreso firme para los bonos son los créditos externos, algo que a mediano plazo pasará factura a las arcas del Estado.

A su vez, Hugo Barbery, considera que es innegable la necesidad de las personas, sobre todo los que viven del día, el informal fundamentalmente, que son más del 70% de la población activa. Ahora, de acuerdo con el analista, lo técnicamente correcto es generar condiciones para que se reduzca la informalidad a través del empleo, algo que requiere de mucho trabajo multisectorial y con resultados a mediano y largo plazo.

Por lo que remarcó que más allá de la necesidad de la gente, llegarle con dinero no deja de ser un rédito político, pues en los próximos días, a su criterio, el tema será que se llama el bono, quién lo propuso primero, quién lo viabilizó, que lo propuesto por unos eran Bs 500 y que los otros lo duplicaron.

“Cualquier crédito para gasto, no deja de ser improductivo, por más concesional que pueda ser”, aseguró Barbery.

Para Víctor Hugo Figueroa, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, el nuevo bono y los anunciados el 6 de agosto, por la presidenta Jeanine Áñez, no tienen una base técnica y solo son el resultado de una necesidad política que busca dar una respuesta a corto plazo a las demandas económicas de los sectores más vulnerables del país.

Figueroa ve en el endeudamiento externo e interno el mayor enemigo de esta política de subvención de recursos, por lo que considera que urge trabajar en un verdadero plan que permita reactivar la economía y no solo recurrir a los bonos que son paliativos y que no ofrecen soluciones concretas.