La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad afirmaron hoy sentirse traicionados por la aprobación de la Ley que garantiza la realización de elecciones hasta el 28 de octubre, debido a que, reclamaron, se elaboró a espaldas de las organizaciones sociales y el “pueblo movilizado”.

“Hoy hemos sufrido una traición y eso tiene que conocer el pueblo, los movilizados, esta ley que jamás se ha consensuado con nosotros, que jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano movilizado”, manifestó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

En conferencia de prensa, Huarachi además criticó todos los diálogos y acuerdos que se hicieron sin la participación ni de la COB ni del pacto de Unidad.

Por ejemplo, cuestionó el acuerdo entre los jefes de bancada para viabilizar la Ley, un supuesto acuerdo entre el Senado y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la elaboración y aprobación de la norma y también el “acta testimonial” firmada por la Iglesia, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas en apoyo a la Ley de las Elecciones.

“Las tres bancadas se han puesto de acuerdo para proyectar esta ley a espaldas de la COB, del Pacto de Unidad, del pueblo boliviano movilizado y esto es una traición, una traición al pueblo”, recalcó.

Para Huarachi, la COB y el pacto de Unidad siempre demostraron estar abiertas al diálogo e incluso, recordó, que ayer propuso que las elecciones sean el 11 de octubre, dando un plazo de 24 horas al TSE para dar su respuesta.

En ese sentido, también lamentó que el conflicto solo se haya enfocado en el tema electoral cuando, dijo, la “protesta reivindicativa” de la COB y el Pacto de Unidad también exigen medidas a favor de la economía, la salud y la educación.

Agregó que la COB y el Pacto de Unidad están unidos, pero advirtió que se debe identificar los “traidores” que realizaron el acuerdo a espalda de los trabajadores.

Finalmente, Huarachi no quiso especificar qué pasara con las movilizaciones y si es que se levantarán los bloqueos que aquejan al país y aseguró que deja en manos del “pueblo movilizado” el análisis de la “traición” y los caminos a seguir.

La Ley

La Ley sancionada por la Cámara Baja señala que la fecha máxima para la realización de las elecciones es el 18 de octubre, aunque no cierra la posibilidad a que los comicios se puedan desarrollar antes de esa fecha.

Asimismo, la ley deja en claro que el plazo establecido para los comicios ya no podrá ser modificado.

En esa línea, el artículo 2 de la Ley señala que el Ministerio Público deberá iniciar de oficio un proceso penal contra quienes “por cualquier medio pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva, impostergable e inamovible de las elecciones generales”.

Por otra parte, la Ley también señala que el Ejecutivo debe garantizar los recursos económicos necesarios para que el TSE lleve adelante el proceso electoral.