“Damos un plazo al Gobierno central de 48 horas para que de manera inmediata levante los bloqueos de todo el departamento, caso contrario el pueblo cruceño en su derecho a la legítima defensa, consagrado de las leyes, en la Constitución Política del Estado y en la Declaración de los Derechos Humanos, se autoconvocará a movilizaciones en todas las carreteras del departamento donde se impida la libertad la circulación”, dice el último punto de la resolución.

Asimismo, se pidió a la presidenta Jeanine Añez que restituya “con firmeza el imperio de la ley en Bolivia, activando todos los mecanismos legales de resguardo y protección de las garantías constitucionales gobernando para todos y cada uno de los bolivianos, sin hacer cálculos políticos”.

Al Ministerio Público se exigió dar celeridad al proceso penal contra Evo Morales, Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza, por el delito de lesa humanidad contra el pueblo boliviano.

En la reunión, varios oradores solicitaron que la presidenta Añez renuncie a su candidatura para dedicarse al Gobierno, sin embargo, esa posición no fue incluida en la resolución.

Al finalizar la Asamblea, el presidente del Cómité Cívico, Rómulo Calvo, lanzó un aviso a la administración transitoria: “hemos advertido al Gobierno: o gobierna y deja hacer cálculos políticos o el pueblo va a entrar a gobernar en las calles”.

Elecciones

En el plano electoral, en la reunión se expresó rechazo a la actitud del presidente del TSE, respecto a la fecha electoral.

“Exigimos la renuncia el presidente del Tribunal Electoral Plurinacional, Salvador Romero, por no haber demostrado una conducta responsable con la historia del pueblo boliviano debiendo actuar con independencia y solvencia ética en el marco de la ley, precautelando la salud y la vida del pueblo boliviano”, señala el documento aprobado.

También se pidió “dejar abierta la fecha de elecciones hasta que una comisión científica recomiende su realización en función del estado de la pandemia”.

Asimismo, se exigió al TSE que se sancione al MAS con la cancelación de la personería jurídica, que demuestre el saneamiento al Padrón Electoral y que cumpla las observaciones de organismos internacionales respecto al proceso electoral anulado por fraude de 2019.

En esa línea, se pidió que la Fiscalía y el poder judicial presenten un informe actualizado y circunstanciado del estado de los procesos por el fraude en la elección 2019.

En otro aspecto, se conminó a que la Asamblea Legislativa se despoje de su conducta “partidista y mezquina”, para atender la necesidad del pueblo con relación a los préstamos y apoyos económicos que se necesitan en el país para atender la pandemia y la reactivación de la economía, dando curso de manera puntual dar curso a la aprobación del 10% del presupuesto para la salud.