De este modo, la investigación se activó sobre las acciones que ejecutaron 30 exfuncionarios del Órgano Electoral, entre ellos los exvocales María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Antonio Costas, Lidia Iriarte, Lucy Cruz y Édgar Gonzales.

Además, la querella enumera delitos registrados en el caso de fraude como la falsificación de documentos, uso de instrumento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, previstos en la Ley 026 del Régimen Electoral.

La rectificación también tiene que ver con resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y enriquecimiento Ilícito, además solicita la investigación de fortunas de los implicados.

El TSE presentó la primera demanda por este caso el 15 de junio, pero fue observada por la ausencia de inculpados de esos delitos.

De hecho, el Procurador General del Estado, José María Cabrera, había solicitado al TSE corregir la querella para que se incluya el nombre de los posibles autores materiales e intelectuales de la manipulación de los resultados electorales de 2019.

El pedido del procurador tuvo asidero legal en el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal vigente que establece que la querella debe ser presentada indicando quiénes serían los principales autores o partícipes, víctimas, damnificados y testigos del hecho investigado.

La misión de observación de la OEA no pudo avalar los resultados de los comicios del 20 de octubre de 2019 debido a varias irregularidades y la «manipulación dolosa» en la transmisión de esos resultados que dieron la victoria en primera vuelta a Evo Morales.

Tras el reporte de esa misión internacional y aun siendo presidente, Morales convocó a nuevas elecciones, pero otras autoridades electorales. Tras ese anuncio, el mandatario dejó el cargo y se fue del país.

De este modo, esas elecciones se anularon y todos los vocales del TSE fueron destituidos por un pedido público, expresado por el propio Morales.