"El Estatuto de Roma, aprobado mediante la Convención de Naciones Unidas el 17 de julio 1998, firmada y ratificada por Bolivia, define en su artículo 7, numeral 1, que los ataques premeditados contra la población civil que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, entre ellos (...) la privación del acceso a alimentos o medicinas (...) Por eso, pido a su Gobierno que, en ejercicio de la facultad conferida por los ardculos 13 (inciso a) y 14 del Estatuto de Roma, su gobierno remita la acusación, ante la Corte Penal Internacional, contra los responsables del bloqueo criminal que dejó sin vida a decenas de personas", asevera. 

Según el informe del Gobierno central, los bloqueos impiden el transporte normal de las cisternas y tanques de oxígeno medicinal. Este insumo ya tenía dificultades para abastecer a toda la población infectada por coronavirus y ahora llegó a faltar en varios hospitales del país. Se estima que más de una treintena de personas perdieron la vida por no contar con oxígeno. 

Los bloqueos de la COB y los movimientos sociales exigen ahora que las elecciones se lleven a cabo el 11 de octubre, una semana antes de la fecha señalada por el Tribunal Supremo Electoral. Las medidas de presión llevan nueve días y los departamentos más afectados son Cochabamba, La Paz y Oruro.