“Exigir al Ministerio Público como defensor de la sociedad dar celeridad al proceso penal iniciado por el Comité pro Santa Cruz al Sr. Evo Morales y todos los dirigentes del MAS vinculados, así como a los dirigentes Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza, por delitos de lesa humanidad contra el pueblo boliviano. Asimismo, hacer la denuncia ante los organismos pertinentes de la comunidad internacional”, reza la primera resolución del documento.

Asimismo, exigieron a la Presidente Áñez y a su gabinete cumplir con firmeza la ley, activando los mecanismos legales de resguardo de las garantías constitucionales sin cálculo político.

También se exigió la renuncia del presidente del TSE, Salvador Romero por no haber demostrado una conducta responsable y actuar con independencia y ética en el marco de la ley, precautelando la salud del pueblo boliviano. Además que el TSE debe sancionar al MAS, cancelando su personería jurídica por los delitos cometidos.

Entre otras resoluciones vinculadas al tema electoral, se pidió anular la fecha de las elecciones y elegir una nueva en función a una recomendación de un comité científico nacional e internacional; demostrar el saneamiento de manera pública del padrón electoral, así como demostrar las sanciones realizadas por la OEA y Unión Europea sobre el fraude del 2019. Además de reponer los tribunales electorales de manera autónoma y despedir a los funcionarios que trabajaron de manera fraudulenta en el proceso electoral 2019.

También se resolvió exigir a la Asamblea Legislativa aprobar los préstamos económicos para salir de la pandemia, la aprobación de un presupuesto del 10 por ciento para salud, caso contrario serán denunciados por incumplimiento de deberes y atentados contra la salud.

Finalmente, se dio un plazo de 48 horas al Gobierno, para hacer levantar los bloqueos, caso contrario, el pueblo cruceño en apego a la CPE, será autoconvocado para desbloquear todas las carreteras del departamento de Santa Cruz.