“El Estado directamente ha anulado las áreas protegidas”

Página Siete  / La Paz

Marco Gandarillas es investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), que se ocupa de estudiar temáticas relacionadas con el medio ambiente, los pueblos indígenas, extractivismo y otros.

 El CEDIB es una de las ONG que ha sufrido el acoso oficialista durante el último tiempo. Fue amenazada de expulsión del país, desalojada de su sede en la Universidad San Simón de Cochabamba y le fueron congeladas sus cuentas bancarias. 

Gandarillas fue director de la entidad. Ahora en calidad de investigador es entrevistado por Página Siete sobre la intervención estatal en las áreas protegidas y el anuncio del uso de nuevas tecnologías en la búsqueda de gas, como el fracking.

¿Cuál es su opinión sobre la intensificación de la política extractivista, que ahora incursionará en el fracking para buscar gas?

Estamos presenciado un cambio de época. El Gobierno insiste en decir  que la nacionalización y la industrialización son la base de todo y, sin embargo, los grandes emprendimientos que se vienen anunciando en el último tiempo están dirigidos por consorcios  transnacionales, de hecho YPFB tiene un papel marginal. Como los precios (del petróleo) es probable que no vuelvan a subir a niveles anteriores, entonces todo lo que se pueda ganar va a ser en función de subsidios,  que en el fondo es la pobreza del Estado que pide que vengan (las empresas) y a cambio les ofrece algún tipo de subsidio para que sea atractivo el negocio. Este cambio de época está sucediendo también en el sector hidroeléctrico, donde el Gobierno está apostando por las grandes hidroeléctricas, que tardarán años en ser construidas. Y, ahora surge lo del fracking, que ya ha sido anunciado en 2013 por la Agencia Internacional de Energía, que sacó los prospectos de hidrocarburos no convencionales en el mundo y en ellos situaba a la cuenca sur del país con un prospecto interesante de 48 trillones de pies cúbicos. Tras ese anuncio nuestro Gobierno desesperadamente busca el apoyo de YPF Argentina, porque YPFB no está en condiciones. Desde el 2003 hasta el año pasado han hecho estudios en el área de los Monos y se anunció que hace una año  en el Bloque Ingre ya se habían hecho pruebas experimentales sin resultados. Ahora hay una desesperación en el Gobierno por encontrar  el próximo commodity para vivir los próximos años, dado que estos ingresos extraordinarios están mermando año tras año. Todo este contexto explica el porqué del fracking y otros anuncios. La empresa canadiense con la que se ha suscrito el convenio es una empresa de la que tampoco hay grandes referencias. En Canadá hay un tipo de empresa minera junior que se dedica especialmente a obtener de los Estados títulos y derechos sobre de explotación de recursos naturales y especular con esto. 

¿Este sería el caso de Cancabria?

No sé, no es una empresa de gran prospecto. Yo hasta ahora no sabía que existían este tipo de empresas en el sector hidrocarburífero, pero en el minero son muy conocidas. Aunque, de hecho, el fracking es un tipo de  minería realmente. 

¿Esto implica una traición a la Madre Tierra por doble partida? ¿Por el regreso de las transnacionales con ventajas más grandes y por la introducción de tecnologías agresivas como el fracking?

La actividad petrolera ya abarca 28 millones de hectáreas. En 120 años de historia  petrolera, nunca fuimos a tantas regiones a la vez, desde el altiplano a toda la cuenca amazónica. Pareciera que el fin no es tanto resolver la crisis financiera del Estado ni buscar un  modelo económico más o menos sostenible, sino hacer millonarias contrataciones. 

 ¿Por qué hablar de un nuevo momento si  el Gobierno nunca apostó por el extractivismo?

En estos años hemos acentuado nuestra condición extractivista, somos más dependientes de mercados internacionales que antes. Teníamos un comercio de materias primas diversificado, tan solo el 56% de las exportaciones eran productos tradicionales, como petróleo, minerales, el resto eran no tradicionales; sin embargo, en la actualidad más de un 90% de nuestras exportaciones son hidrocarburos y minerales, y algo de soya. Este momento nos agarra en peor situación, por eso la angustia de encontrar una varita mágica que nos retorne a la situación previa. Desde el punto de vista ambiental, casi todas nuestras áreas protegidas tienen problemas severos de intervención, o sea, casi todas han dejado de ser áreas de conservación para ser áreas de explotación intensiva de recursos. Las 22 áreas del sistema nacional, que son las significativas, están totalmente intervenidas. Estamos asistiendo a la llamada flexibilización ambiental,  la minería está ahora permitida en áreas protegidas, algo que sería impensable en cualquier otro país. Tenemos una estadística de las tierras bajas, de territorios indígenas titulados que presentan intervenciones extractivistas, hidrocarburíferas, mineras y forestales y, si tomamos en cuenta también los prospectos de otro tipo, como carreteros, no hay ninguna que no sea objeto de intervención. 

 ¿Eso quiere decir que prácticamente no hay áreas protegidas intactas en Bolivia?

Nuestro Estado directamente ha anulado las áreas protegidas. Por ejemplo, en el Parque Tunari, que es tan importante para la producción de agua para la ciudad de Cochabamba,  ya no hay qué proteger, se permiten asentamientos humanos, actividades extractivas intensivas. 

Como han habido medidas en casi todas estas áreas protegidas, ¿por qué no dejar de decir “áreas protegidas”? 

La respuesta es porque desde el año 92 hemos suscrito un sinnúmero de tratados internacionales de protección de la biodiversidad, no nos podemos salir de ese marco. Entonces lo que hace nuestro Estado es mantener la apariencia, el nombre, pero en los hechos el sistema no tiene presupuesto para personal técnicamente calificado, no tiene equipamiento, entonces toda clase de actividades ilegales han prosperado dentro de las áreas protegidas, empezando por el narcotráfico. Los habitantes de esas áreas, que eran  los custodios, han sido avasallados por población colonizadora, como en el TIPNIS; o por actividades de empresas privadas y estatales, principalmente estatales. Estamos en el momento más crítico de las áreas protegidas. En muchos lugares, el desborde es increíble, acá en el norte de La Paz, el Pilón Lajas y el Madidi están amenazados de muerte por la actividad minera.

¿Cuáles son las consecuencias de este modelo?

Probablemente estamos ante la última generación de indígenas de varios de los pueblos, especialmente en las tierras bajas, están totalmente amenazados en su forma de vida.

 ¿Cuántos pueblos están en situación de vulnerabilidad?

Todos los del norte amazónico. Nosotros hemos documentado con mucha minuciosidad lo que pasó con un pueblo en aislamiento voluntario en la zona de la TCO Tacana 2, donde se hizo un proyecto hidrocarburífero de exploración muy grande. Al tercer mes del proyecto exploratorio, para el que hacían  unos 200 vuelos al mes y se desplazaron casi 200 cuadrillas de 20 personas por el territorio,  se pillaron con la población (en aislamiento). Probablemente les hayan provocado el contagio de alguna enfermedad fatal, que es lo que ha pasado en Perú, en Brasil, en Ecuador. Los pueblos en aislamiento no tienen ningún tipo de defensas contra las enfermedades. Entonces, lo más probable es que hayan  sido diezmados.

 ¿Pero esto es sólo una hipótesis? 

Eso ya ha pasado con los yuquis…

¿Es una hipótesis o es que existen pruebas?

El contacto ha pasado. Ha pasado y no una sola vez, ha pasado varias veces, incluso hay un reporte de los propios trabajadores y de unas brigadas de indígenas tacanas que hacen el monitoreo ambiental de la obra. Los trabajadores contratados por la empresa china les dejaban comida, una de las cosas menos aconsejada en estos casos, porque se pone en riesgo la vida de los pueblos. Existen niveles altísimos de protección a nivel internacional para que los Estados, en caso de presentarse cualquier evento de contacto inicial, tomen medidas inmediatas, protejan el territorio y eviten el contacto con las personas hasta que ellos no muestren interés y voluntad de hacer el contacto. Pero aquí se ha hecho todo lo contrario, lo que más importaba es que se habían pagado ya 100 millones de dólares. Bajo esa premisa tenemos a los pueblos en un situación de extrema gravedad porque casi todos los pueblos se encuentran amenazados. En el norte amazónico hay niveles de mercurio por la minería aurífera y la dieta está basada en pescado, que está envenenado con mercurio. Es crítico, en los muchos años acompañando a pueblos indígenas nunca hemos visto una situación de mayor impotencia y fragilidad.

 ¿Qué ha hecho este Gobierno que se dice indígena y defensor de la Madre Tierra?

Este Estado ha avanzado en el proceso de titulación, sin embargo, ha decidido que encima de esas tierras van a haber actividades de explotación intensiva de recursos y para eso todos los procesos también reconocidos internacionalmente de consulta previa han sido desconocidos.  La consulta previa es ahora un requisito administrativo.

¿Cuál es la diferencia entre lo que dice la Constitución y el requisito administrativo?

La legislación internacional dice que antes de que se afecte al territorio de algún pueblo indígena se debe consultar de buena fe. Aquí se decidió que se iba a hacer por encima de los pueblos indígenas, y la consulta es un trámite administrativo. El decreto supremo 23366 de 2015  dice que si la dirigencia del lugar no quiere, se puede consultar a la dirigencia nacional. En el caso del Chepete, por ejemplo, ya no les consultan a los pueblos, sino a la CIDOB, que  tomaron por la fuerza en 2014, con lo que se rompe totalmente el procedimiento de buena fe.

En las áreas protegidas del norte amazónico el problema que teníamos siempre es la presencia de colonización alto andina. Ahora, con las nuevas políticas, sobre todo la apertura de carreteras, esto se acentuó, por eso se puede ver, como en el TIPNIS, que los colonizadores se han vuelto los patrones de los indígenas. Los impactos inconmensurables por ejemplo en Tacana 2, desde que se produjo la exploración, la producción de castaña, que es su medio de subsistencia, se cayó completamente. Lo mismo está pasando en los Andes, el pueblo Uru vivía de la pesca  en el Poopó, ahora el lago está en su mínimo y la razón de su identidad cultural que era la pesca ahora ha desaparecido. Ahora lo que hacen es contrabando y tráfico de drogas, son como una especie de mulas que transportan drogas a la frontera. Es un pueblo en total riesgo, probablemente en la próxima generación ya no exista más, se vayan o hacia Chile o se desplacen hacia las áreas urbanas. Esta es una situación generalizada.

¿De qué viviría el Estado si dejara estos territorios sin intervención de ninguna naturaleza?

En la última década, los hidrocarburos no fueron el sueldo del Estado, dependiendo de cómo se mida, pero, fueron en el mejor momento el 25% de los ingresos del Estado. En los últimos años la población urbana contribuyente ha sostenido al Estado. Al margen de eso, hay una efervescencia de extractivismos ilegales y criminales en el país, como los cooperativistas, pero también el narcotráfico, que ayudan a que esto (la economía) no se caiga.

Si Evo no hizo un proyecto respetuoso del medioambiente y de los indígenas. ¿Alguien más podrá hacerlo?

 El problema es que hay unos límites naturales muy importantes, pero no son infinitos, por eso estamos pensando en el fracking.  Las necesidades de cosas estructurales como los hidrocarburos y la carencia de agua son las que obligan a cualquier gobierno, incluyendo a éste, a pensar en transiciones económicas y energéticas.

¿Cuánto contamina realmente el fracking? ¿O es un mito decir que las aguas de grandes extensiones quedan contaminadas?

Lo que se estudia en Colombia en las zonas donde existe el fracking es que las cuencas son  permeables. Por tanto, las zonas estimadas de impacto han sido superadas por mucho, porque realmente había como ríos debajo de la propia cuenca que llevaban los contaminantes muy lejos. Nosotros hemos estudiado  proyectos mineros como San Cristóbal, donde las aguas fósiles fueron las primeras impactadas, en el momento en que la empresa empezó a hacer las explotaciones se anegaron, se derrumbaron. Por  tanto, hay riesgos en este otro lado más menos de ese tipo o sea de contaminación y se necesita mucha agua, en el Chaco no es donde precisamente haya mucha agua disponible.

¿No cree que se debería hacer un mayor debate antes de tomar la decisión sobre el fracking?

Lo que pasa es que el Gobierno atropella siempre y estos casos casi siempre cuestionan todo el sistema democrático. Por delante van los contratos, a veces  son los intereses en los grupos corporativos que controlan la tecnología que hacen los ofrecimientos a las autoridades.