Sin embargo, todo indica que dejó la semilla sembrada, puesto que, cada vez con más frecuencia, aparecen en uno y otro punto del país grupos armados que defienden su causa. Ocurrió en noviembre, cuando dinamitaron pasarelas en El Alto, el muro de la planta de combustibles de Senkata y un gasoducto de importancia nacional y otros hechos que están lejos de llamarse protestas sociales. También permanecen en la memoria aquellas manifestaciones de ponchos rojos perfectamente formados en columnas, marchando y gritando “ahora sí guerra civil”. Y, ni qué decir de aquellos grupos que secuestraron buses y amedrentaron a sus ocupantes que viajaban a La Paz para apoyar el pedido de renuncia de Evo Morales.

No se sabe si los mismos grupos, pero con similares características y métodos, volvieron a actuar en el conflicto desatado hace más de una semana en contra de la postergación de las elecciones. Los bloqueadores ya secuestraron personas en Santa Cruz, dinamitaron un cerro en el altiplano para cortar una carretera e incursionaron de manera violenta en la población de Samaipata.

Eso ocurre en el lado del MAS, partido del que no se puede esperar ningún respeto a la democracia, la vida y el libre tránsito. Pero, lo preocupante y lamentable es que en Cochabamba va tomando forma, a vista y paciencia de las autoridades, otra organización irregular, la de la denominada Resistencia juvenil cochala que ya actuó durante los conflictos de noviembre y que reapareció esta semana para desbloquear carreteras.

Este grupo responde a los sectores más conservadores del país y, en medio de los conflictos, sus miembros se erigen en una especie de héroes que salvan a las víctimas de los masistas. Sin embargo, ninguna organización irregular debería estar permitida en el país, ni de un lado ni del otro. Para desbloquear carreteras están el diálogo y las fuerzas del orden; para arrestar delincuentes, la Policía; y para impartir justicia, los jueces. 

La autodenominada Resistencia juvenil cochala, que es una copia de la racista unión juvenil cruceñista, no tiene razón de existir, debe desaparecer y si hay autoridades que están alentando la conformación de éste y otros grupos, también deberían ser juzgadas por la sociedad y las leyes. Y, como la violencia lleva a más violencia, tras la incursión de la resistencia, los masistas se multiplicaron por diferentes partes del país, amenazantes, blandiendo armas o montando en caballos o motos. Grupos de estas características aparecieron en Villa Tunari, en el altiplano y en la zona sur de Cochabamba. 

La existencia embrionaria de organizaciones violentas de uno y otro lado es algo que a futuro el país entero puede lamentar porque se sabe cómo comienzan estas historias, pero nunca se sabe cómo terminan.

La responsabilidad de que existan estos grupos recaerá no sólo en sus líderes locales, sino en los políticos que los alientan y tal vez los financian. No olvidemos que en las manifestaciones de noviembre se hallaron fajos de billetes que estaban siendo utilizados para sostener la protesta.

Evo Morales tendría que ser el primer llamado a parar esta barbarie, pero a juzgar por los audios que lo comprometen, por sus declaraciones públicas y hasta por sus tuits, es el principal instigador de la violencia fratricida en Bolivia.

Por su parte, la presidenta Jeanine Añez, así como los ministros Arturo Murillo y Fernando López, desde el otro lado de la acera, tienen una responsabilidad central para frenar a los grupos de civiles violentos. Es hora de restituir la institucionalidad, los valores democráticos y el diálogo como mecanismo de preservación de la paz y la vida de los bolivianos.