El odio surge en las carreteras como sombra fatal y advertencia. Lo que ocurre en el país no son protestas, menos reivindicaciones, ni política. ¿O cómo entienden a ésta los dirigentes de los movimientos sociales? Ya es común y corriente hablar en nuestro medio de bloqueo de ambulancias, impedir el paso de oxígeno para los afectados por el Covid, atacar a médicos y personal sanitario, etc. Los bloqueos impiden el tránsito de cisternas con oxígeno pese a ser escoltados por la Cruz Roja. Esta institución nace en las guerras internacionales. Su objetivo es llevar auxilio a los heridos en acción humanitaria y cooperar a los hospitales. En todas las conflagraciones se deja pasar libremente a la Cruz Roja y los organismos internacionales lo supervisan. Sucedidos estos hechos el fin de semana, ¿qué hacen o por lo menos dicen algo los representantes de Naciones Unidas y del resto de personeros de los organismos internacionales? La Defensora del Pueblo tampoco intercede ni se hace sentir como le impone su deber en estos casos.

Con la intención de amedrentar, en Samaipata los revoltosos atacaron viviendas y golpearon a sus habitantes. ¿Puede ocurrir un atropello semejante en un país medianamente civilizado, en pleno Siglo XXI? Es más, en Tiquipaya, Cochabamba, han detenido un motorizado y secuestrado a sus 7 ocupantes, hombres y mujeres. Los han torturado hasta casi matarlos. Les han hecho repetir que “los médicos inyectan el virus” porque este no existe en la población.

Entretanto “se deja hacer, se deja pasar”. Las fuerzas del orden se retraen en exceso. De las autoridades solo se escucha palabras y no decisiones. La población no bloqueadora parece librada a su suerte. En Samaipata la Policía actuó después del choque frente a los facciosos por la población indignada, detuvo a unos cincuenta de éstos, resultando trece infectados de Covid-19, clara muestra de que las concentraciones son focos de contagio. En Santa Cruz se prevé una reacción de los civiles ante el abuso. En Cochabamba sucedió otro tanto, cuando la “Resistencia Juvenil Cochala” se empeñaba en desbloquear la ruta hacia el occidente y la avenida Blanco Galindo, a fin de permitir el tránsito de insumos medicinales.

Estas actitudes recurrentes de un partido político junto al fraude de octubre de 2019 podrían haber sido desarmados si el Tribunal Supremo Electoral hubiere procedido a la cancelación de la personería jurídica de ese partido. Ahora el mismo partido promociona otra derogación de la Constitución Política a manos del Tribunal Constitucional, como éste lo hizo permitiendo la reelección continua del ex presidente, anulando, sin atribuciones, las disposiciones correspondientes de la Carta Magna.