Dos intentos de diálogo, uno a iniciativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el TSE, otro, del Gobierno, fracasaron. Mientras las movilizaciones se radicalizan llegando incluso a acciones violentas, como ayer en El Alto, grupos opuestos a los que bloquean se organizan y anuncian acciones que no serán pacíficas. Y en Santa Cruz, los cívicos reunidos en asamblea anuncian que “el pueblo cruceño en su derecho a la legítima defensa, consagrado de las leyes se autoconvocará a movilizaciones”, resuelven pedir la renuncia del presidente del TSE y dar 48 días de plazo al Gobierno para que “levante los bloqueos”.

Y el Gobierno, cuya inacción permitió que la escalada de movilizaciones llegue a un punto tal que algunas voces le demanden dictar estado de sitio, parece prepararse a aplicar otra opción, opuesta al diálogo que fue incapaz de iniciar con alguna perspectiva de real acercamiento.

Pero la posibilidad del diálogo que logre restablecer la paz social existe, esta vez promovido por la Iglesia católica que junto a la Unión Europea y la ONU “demandan respuestas efectivas en favor de la vida y la defensa de los derechos Humanos” de los bolivianos.

Ayer, las tres instituciones, en un comunicado conjunto, expresaron su “pleno apoyo al TSE y (reiteran su) acompañamiento a los esfuerzos que ha estado realizando para lograr consensos entre los actores políticos y sociales que contribuyan a fortalecer la institucionalidad democrática y el proceso electoral”.

El Gobierno y algunos actores políticos ya han aceptado la convocatoria de la Iglesia. El MAS la rechazó, mencionando la posibilidad del cese de las movilizaciones si las elecciones se adelantan una semana, al 11 de octubre.

Es posible que hoy, la iniciativa de la Iglesia consiga instalar ese “diálogo tan urgente, para bajar la tensión social, para afrontar mejor el problema de la pandemia y sobre todo para arreglar las cosas entre bolivianos”, como lo manifestó el presidente de la Conferencia Episcopal.

Es la esperanza de la gran mayoría de bolivianos que volvemos a vivir una incertidumbre y zozobra similares a las de la convulsión poselectoral que el Gobierno de transición –aún ajeno a sus actuales pretensiones electorales– logró aplacar.