“Enfrentaré con valentía la decisión del juez, no tengo miedo de ingresar a la cárcel, desde allí me voy a defender y demostraré mi inocencia y que hubo una gran injusticia”, expresó ayer Bazán en la Policlínica Oruro, minutos antes de ser trasladado con detención preventiva al recinto penitenciario de esa urbe, en medio de un fuerte resguardo policial.

El burgomaestre es investigado por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, por la compra de 91.498 mochilas en 2016, con una inversión de Bs 14 millones. Del total, 40.000 fueron importadas de China, pese a que la licitación fue con el programa Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), es decir que se debía favorecer a los productores nacionales.

Bazán fungirá como alcalde hasta que el Concejo Municipal de Oruro, conformado por 11 miembros, reciba la Resolución de Detención Preventiva y elija a la autoridad suplente en una sesión extraordinaria, que está prevista para el martes o miércoles.

David Choque, del Partido Popular (PP) y uno de los impulsores de la denuncia contra el Alcalde, consideró que aún es prematuro dar un nombre, aunque la Ley 482 establece que le corresponde a un miembro del oficialismo, en este caso del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria.

“El concejal Oswaldo Olivera es el único que aún permanece al lado de Bazán, el resto de ese partido, tres concejales, se apartó. Pero Olivera tiene un punto en contra, traicionó al Concejo, porque en vez de fiscalizar en el caso mochilas se sumó al Alcalde y no fue parte del proceso, ahí hubo incumplimiento de deberes”, afirmó.

Al respecto, Olivera informó que no tuvo ningún contacto con el burgomaestre desde su hospitalización, por lo que prefiere no adelantar su posición. No obstante, recordó que “hay una ley (482) y un reglamento del Concejo, las cuales deben dirigir la sesión para nombrar al suplente”.

José Rojas, concejal del oficialismo, pero alejado de Bazán por el caso mochilas, indicó que no emitirá criterios hasta la sesión para elegir al alcalde suplente. “Es muy apresurado dar un nombre, debemos esperar la resolución”.

El Concejo Municipal de Oruro está conformado por Henry Rojas, Segundina Ledezma y Magda Suaznabar, los tres del Movimiento Al Socialismo (MAS); Olivera, Rojas, Hilaria Sejas y Janeth Ledezma, del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria; Choque, del Partido Popular; Denis Villca y Max Cabrera, del partido Integración Ciudadana Alternativa (Inca); y Saúl Aguilar, de Unidad Demócrata (UD).

Para Iver Pereira, analista y abogado constitucionalista, en el municipio de Oruro “se vislumbra una crisis evidente de gobernabilidad”, provocada por el propio Alcalde, pues, a su criterio, éste “no supo comprender el sentimiento de la población” y de manera permanente ejecutó obras sin consultar con la ciudadanía.

Recordó además que el proceso revocatorio de seis concejales es propiciado por el partido de Bazán y tres de ellos son de sus filas.

“Si el Tribunal Departamental Electoral de Oruro aprueba los libros, previa comprobación del cumplimiento de reglas y firmas, entre octubre y noviembre habrá un revocatorio que ahondará aún más la crisis de gobernabilidad del municipio. A esto se suma que la Alcaldía se ha convertido en un escenario de corrupción”, dijo.

Rómulo Alcons, experto en gestión municipal, coincidió, por separado, que se avizora una crisis institucional en la Alcaldía de Oruro, ante la detención preventiva de la máxima autoridad edil, porque ello generará un vacío jurídico.

“Pero que ocurre en el Concejo, el Alcalde tiene cuatro concejales y tiene internamente oposición, solo uno a favor y tres en contra, porque están yendo al revocatorio. Vamos a estar sin Concejo y sin alcalde”, mencionó el analista a ABI. (13/05/2018)