Mesa, en la audiencia convocada por el Ministerio Público para las 14:00, que duró aproximadamente una hora, afirmó ante el fiscal y los investigadores asignados al caso que el interés de Morales, del exvicepresidente, Álvaro García Linera, y de los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; y de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, fue evitar la segunda vuelta electoral entre los binomios del Movimiento Al Socialismo (MAS) y CC.
Agregó que su denuncia contra Morales y sus principales colaboradores persigue tres objetivos: "i) sentar un precedente aleccionador e histórico para que nunca más en Bolivia un Presidente del Estado, abusando de su poder, se burle del voto popular; ii) se imparta justicia, castigando penalmente a los principales responsables del fraude; y iii) se reparen, del patrimonio de los responsables, los daños y perjuicios contra el Estado y el pueblo de Bolivia, que ascienden a 217 millones de bolivianos, gastados en las elecciones de 2019".
Asimismo, Mesa dijo que el fraude se consumó a través de cuatro delitos electorales: falsificación de documentos o uso de instrumento falsificado, obstaculización de procesos electorales, manipulación informática y alteración y ocultación de resultados, y agregó que estos delitos fueron comprobados por la misión de observación electoral de la Organización de Estado Americanos (OEA) y su auditoría, según los informes preliminar y final de la organización.
El 12 de febrero de 2020, Mesa también presentó una serie de pruebas, junto a su denuncia, en la que declaró que los denunciados cometieron graves irregularidades.
Asimismo, señaló que entre las evidencias más relevantes de esos delitos figuran falsificación de actas electorales, suspensión dolosa de la transmisión del TREP, alteración y manipulación de datos, a través de servidores clandestinos, y ocultamiento de resultados a la población.
