Desde el mes de noviembre pasado, el país está gobernado conforme a los mandatos de la Constitución Política del Estado; no existe algo que se pueda tachar como ilegal o provisional o transitorio porque su vigencia está definida por la ley sustantiva de la República hasta que asuma un nuevo Presidente conforme a resultados de las elecciones. No corresponde, en forma alguna, que hayan distorsiones al respecto y menos que se trate de descalificarlo y, por ello, creer que aún tiene vigencia el anterior gobierno que, como dictadura, ha funcionado en el país por casi catorce años, tiempo que ha sido funesto para la nación y que ha dejado una secuela de hechos contrarios a las leyes y a la institucionalidad en que debían imperar la Carta Magna y las leyes para el manejo honesto y responsable del Estado. Por tales hechos ilegales el pueblo decidió exigir la renuncia del Presidente cocalero que, ante el rechazo del pueblo, renunció y se asiló en México y luego en la Argentina, desde donde pretende seguir con las riendas gubernamentales.

Se llevó a cabo un proceso electoral en octubre pasado, pero resultó fraudulento por acción del candidato oficial que, con la mayoría parlamentaria que tenía en el Legislativo, realizó el gran fraude que, investigado hasta por la Organización de Estados Americanos, se confirmó plenamente y ello dio como resultado que todo el proceso sea anulado; pero como el pueblo ya no podía resistir la presencia del gobierno dictatorial, exigió su renuncia que se produjo en noviembre. La verdad de los hechos fue reconocida ampliamente por la colectividad nacional y hasta por la internacional que conocía perfectamente el comportamiento irregular de quien, siendo también presidente de las organizaciones cocaleras -- proveedoras de coca para la fabricación de cocaína--, también ejercía la Presidencia de la República conforme al artículo ll de la Constitución. Desde que tomó posesión del cargo la Presidenta Constitucional, el ex presidente Morales --apoyado por sus acólitos-- no dejó de creer que aún está en el poder y puede disponer todo a capricho y conforme a los intereses y conveniencias del MAS que cuenta con una mayoría parlamentaria pese a haber terminado su mandato en enero pasado.

A tal situación, por la cual se percibe que el MAS sigue en el poder, se suma la timorata conducta del Tribunal Supremo Electoral que convoca a sectores sociales que carecen de representatividad para hablar de la fecha de las próximas elecciones generales, lo que causa indignación general, pues la población en estos momentos está agobiada por los estragos que causa el Covid-19, y lo que demanda, en primer lugar, es una buena defensa sanitaria. Basta de agobiar a los habitantes del país con bloqueos de carreteras, desabastecimiento de artículos de primera necesidad y acciones violentas solo por intereses político partidarios.

Reiteramos que la creación de conflictos proviene de una conducta dictatorial, que ha creado confusión en parte de la población --especialmente campesina-- que cree en la propaganda demagógica masista y vive aleccionada para que apoye al posible candidato que, en su momento, contribuyó al manejo discrecional de la economía hasta dejarla en total falencia. Esta conducta, no siempre denunciada por el gobierno y que es ajena a la verdad, perjudica a la buena marcha del Estado porque el gobierno se encuentra bloqueado por un Legislativo atento a los mandatos del jefe cocalero que ha reiterado en muchas ocasiones que retornará al poder por considerarse “dictador ad aeternum” violentando la Ley de Leyes y todas las disposiciones legales.

Es preciso, pues, que el gobierno, clara y sistemáticamente, muestre la situación legal que se vive en el país y denuncie, interna e internacionalmente, las intenciones aviesas de quien actúa ya no siquiera en contra del régimen sino del pueblo boliviano hasta el extremo de haber dispuesto bloqueos para evitar el desembolso de l.500 millones de dólares procedentes de préstamos internacionales con destino a los programas de salud, construcción de hospitales y para hacer frente a la pandemia desatada por el coronavirus que deja muchas víctimas y que, de no ser radicalizada la lucha contra el virus, provocará mayores males y desgracias en la nación.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar que se observa ausencia de Estado y que al ser ambiguas las políticas económicas establecidas por el gobierno, están quebrado todos los emprendimientos comerciales legales.