"Lo que les pido es paciencia; Chepete según el estudio de prefactibilidad, era factible y Bala tenía precios demasiado altos para los mercados que existían en la época -esa es la verdad-, Chepete tenía factibilidad económica positiva y la recomendación era que Bala se postergue unos años", señaló en una conversación con periodistas.

Alarcón dijo que el informe de prefactibilidad sobre los dos emplazamientos de presas, dio algunos resultados preliminares sobre la base de los precios que estaban en el mercado en ese momento, lo cual puede variar en el estudio a diseño final.

"Han pasado meses de la presentación del estudio y seguramente el consultor ha cambiado de opinión, porque los precios en Brasil han cambiado por su situación económica, y los precios en Argentina seguro que han cambiado también por su situación económica", señaló.

Según el titular de Energía, nada está escrito en piedra y por tanto las situaciones son cambiantes. "Hay dinámica en esto, por lo tanto, estamos trabajando en base a la prefactibilidad, en base al mercado en situaciones que sean factibles, no vamos a hacer diseño de algo que no sea factible", aseguró.

En el encuentro con periodistas de la sede de Gobierno, Alarcón se comprometió a transparentar la información sobre el proyecto hidroeléctrico Chepete Bala, cuando se cuenten con estudios finales, con los cuales anunció se realizará la consulta previa, pública e informada. 

"No vamos a construir algo que signifique pérdida, por el amor a Dios, eso no vamos hacer jamás, nunca vamos hacer instalaciones que signifiquen pérdida para el Estado boliviano", subrayó en el encuentro en el que se le demandó acceso a la información de manera oportuna.

"SON DOCUMENTOS PARCIALES"

El ministro de Energía pidió a los medios de comunicación no informar con documentos parciales. "Estamos en estudios; mientras no tenga el estudio final lo demás son meros documentos parciales, meros documentos de trabajo, no se pueden tomar conclusiones, no se puede emitir criterio con documentos parciales, eso es irresponsabilidad", dijo.

Consultado si bajo ese criterio se quiere anular cualquier debate, que considera datos preliminares que muestran tendencias de impactos ambientales en la Amazonía, Alarcón respondió que el Gobierno dará en su momento información precisa sobre la superficie y profundidad de los embalses.

"Cuando le podamos decir a la población esta es la extensión del embalse de Chepete, con precisión, con información georeferencial, con profundidad de la inundación, con las áreas inundadas, porque la represa si señor inunda, inunda la represa", aseguró.

En un arranque de sinceramiento, también dijo que se cuenta como ejemplo el caso de Misicuni, que inundó todo el pueblo del mismo nombre. "Lo último que se inundó fue la torre de la iglesia católica, habían dos iglesias: una católica y una evangélica, todo el pueblo ha sido desplazado en mejores condiciones, se ha vuelto a construir en las mismas condiciones, con el mismo modelo, y las imágenes se han traslado al nuevo sitio, así sucede", manifestó.

ONU Y SUS RECOMENDACIONES

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, observó al Gobierno de Bolivia la falta de procesos de consulta a los pueblos indígenas, que se verán impactados por los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete y Rositas, que incluye a los guaraníes, mosetenes, tacanas, tchimanes, lecos, ese ejjas y uchupiamonas.

A la conclusión del encuentro internacional realizado entre el 16 al 27 de abril en Nueva York, Estados Unidos, el Foro pidió al Comité Económico y Social que adopte medidas y tome atención sobre estos procesos. Los indígenas amazónicos denunciaron que el megaproyecto hidroeléctrico hará desparecer a 48 comunidades, desplazándolos de sus territorios.

La ONU también instó al Gobierno boliviano a respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y a asegurarse de que éstos ejerzan sus derechos de acuerdo con los estándares internacionales sobre derechos humanos.

El Foro Permanente reiteró su llamado a los Estados miembros, a establecer mecanismos y procesos para lograr diálogos comprensivos y consultas con los pueblos indígenas, con el objetivo de obtener su consentimiento previo, libre e informado, con relación a proyectos susceptibles de afectar sus territorios y recursos; consultas de buena fe.