Mesa, en la audiencia convocada por el Ministerio Público de La Paz para las 14:00 y que duró aproximadamente una hora, corroboró ante el fiscal y los investigadores asignados al caso, que el interés de Morales, García Linera y los ex ministros de Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; y de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, era consumar el fraude electoral para evitar la segunda vuelta entre los binomios del MAS y Comunidad Ciudadana y perpetuar en el poder a Morales, según informa en un comunicado de su alianza.

Reiteró que su denuncia contra Morales y sus principales colaboradores persigue tres objetivos: sentar un precedente aleccionador e histórico para que nunca más en Bolivia un presidente del Estado, abusando de su poder, se burle del voto popular; impartir justicia castigando penalmente a los principales responsables del fraude; y que se reparen, del patrimonio de los responsables, los daños y perjuicios contra el Estado y el pueblo de Bolivia que ascienden a Bs 217 millones, gastados en las elecciones de 2019.

Según Mesa, el fraude se consumó a través de cuatro delitos electorales: falsificación de documentos o uso de instrumento falsificado; obstaculización de procesos electorales; manipulación informática; y alteración y ocultación de resultados. Estos delitos fueron comprobados en los Informes Preliminar y Final de la Misión de Observación Electoral y en los Informes Preliminar y Final de la Misión de Auditoría de la OEA y de la Unión Europea.