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La Fiscalía Departamental de La Paz, respetando derechos y garantías constitucionales, admitió la denuncia contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (VOB), Juan Carlos Huarachi, el expresidente Evo Morales, y los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora y David Choquehuanca; además de otras personas, por los delitos de terrorismo, genocidio, actos contra la salud pública e impedimento del transporte, entre otros.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, en conferencia de prensa recordó que, a pesar que algunas autoridades piden la aprehensión inmediata de las personas identificadas, el Ministerio Público se basa en varios principios como la legalidad, objetividad, autonomía, celeridad y transparencia, entre otros.

“Se expedirán las citaciones, se presentarán descargos y de acuerdo a la objetividad veremos las acciones. Vamos a defender la legalidad y se expedirá mandamientos de aprehensión de ser necesario”, remarcó.

Respecto a la situación de Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, Cossio indió que, en el caso denominado audio y terrorismo, por el que ya fue imputado, se aplicaron las vías internacionales diplomáticas para la citación a fin de que ejerza derecho a la defensa, por lo tanto, no descartó aplicar la misma medida en esta ocasión.

“Estamos en una etapa investigativa preliminar y lo haremos lo más rápido posible. Hay quienes quieren que el Ministerio Público haga aprehensiones, pero no nos vamos a prestar a ninguna presión política, no obedecemos a partidos, al calor de las peticiones y les respondo a los ministros, estamos actuando en el marco de la legalidad, nadie nos puede decir cómo hacer el trabajo, lo hacemos por el bien de la sociedad”, apuntó.

Bloqueos camineros

En cuanto a las investigaciones sobre los bloqueos camineros que se registran en diversos sectores del país, Cossio señaló que a pesar que la ciudadanía y algunas autoridades exigen la detención de los autores, conforme al artículo 225 de la Constitución Política del Estado, el deber del Ministerio Publico es defender la legalidad en los intereses generales de la sociedad teniendo autonomía funcional.

“Se ha dicho que deberíamos estar desbloqueando las carreteras, pero no es correcto porque no somos preventivos, sino que investigamos hechos delictivos, la acción penal, y no podemos vulnerar derechos y garantías constitucionales de nadie”, aclaró.

Dejó en claro que la Fiscalía ya inició la acción penal el 5 de agosto contra 12 personas identificadas en los bloqueos y que no dejaron pasar a las ambulancias ni a los vehículos con oxígeno.

“Acá destacan varias personas y no podemos iniciar y aprehender porque para emitir mandamiento debemos tener dos elementos: probabilidad de autoría y riesgos procesales. A partir de esa fecha hemos recolectado elementos y datos suficientes, y el domingo ya fueron emitidas cinco órdenes de aprehensión contra personas identificadas en los bloqueos, las que fueron entregadas a la Policía para ser efectivizadas”, añadió.