Peor aún, los movilizados optan por aplicar medidas aún más radicales, como la toma de instalaciones de YPFB en Cochabamba “y luego el aeropuerto”. Y otras movilizaciones, contrarias a las que bloquean los caminos, se ejecutan, se organizan y anuncian acciones, en la ciudad del valle y en Santa Cruz.

Las iniciativas que tomaron, por separado, el Gobierno transitorio, por un lado, y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por el otro, no lograron los resultados esperados.

En el caso del Ejecutivo, su convocatoria no fue respondida ni por la COB ni por los partidos con más posibilidades de votación en las elecciones generales y el encuentro concluyó sin mayor trascendencia. Antes de eso, el encuentro entre asambleístas, dirigentes de la COB y miembros del TSE, que duró algunas horas, terminó con el abandono del diálogo por parte de la dirigencia cobista.

Parece irreal que 42 días de diferencia entre dos fechas –el 6 de septiembre y el 18 de octubre– para las elecciones generales sea el móvil de estos problemas cuyo impacto, en medio de la pandemia, agravan de manera dramática las circunstancias ya críticas que vivimos, en términos humanos y económicos.

La insistencia de la COB para que los comicios SEAN antes del 18 de octubre, como lo fijó el TSE, ciertamente es alentada, sino instruida, por el MAS, pero la escalada y amplitud de las movilizaciones no puede atribuirse sólo a un factor. Es inexplicable que el Gobierno haya dejado que la agitación llegue a un punto tan álgido. Es lamentable que no haya buscado la m anera de tender puentes entre los sectores que protestan. Y es reprochable que atribuya las consecuencias de su deficiente capacidad para gobernar a la decisión del TSE de prorrogar los comicios.

Ahora, el Gobierno anuncia con aplicar la ley, si los bloqueos no cesan, y si hay muertos en las acciones para despejar las vías “será de entera responsabilidad de quienes están movilizados”.

Es de esperar que la anunciada ley, concertada entre la ALP y el TSE, ratificando el 18 de octubre como fecha definitiva de las elecciones pueda desactivar la convulsión en ciernes y devuelva el sosiego al país.