La ausencia del gobierno es tal, que cualquiera puede bloquear el país, cualquier día y a cualquier hora, además de retener a personas que solo buscan trabajar o trasladarse de un lugar a otro, romper la cuarentena y atropellar a quien se atraviese en el camino.

Aquí ya nada parece importar, ni siquiera la pandemia del coronavirus que avanza y cobra la  vida de miles de bolivianos. El gobierno de la presidenta - candidata , Jeanine Áñez, sabe por demás lo que está ocurriendo, pero ¿dónde está? ¿Por qué permite que Bolivia camine hacia el abismo?

Por los anuncios realizados por algunos políticos y los denominados movimientos sociales,  y las acciones ilegales cometidas por grupos irregulares que se atribuyen el derecho de poner orden, cuando ello solo le corresponde a la Policía Nacional o al Ejército, todo apunta que esta semana que comienza será crítica. La violencia retornará e incluso hace temer jornadas violentas como las vividas en octubre o noviembre de 2019, pero en tiempos de pandemia.

La posibilidad diálogo se diluye y surgen voces de usar la violencia para acabar con las protestas y bloqueos que asfixian. Las convocatorias de instituciones y grupos ciudadanos ya se hacen sentir para tomar posición a favor de uno u otro bando, cuando ahora más que nunca se debería impulsar pacificación, buscar esa luz al final del túnel que necesitamos para acabar con la incertidumbre. 

En ningún momento se debe permitir que la violencia vuelva apoderarse de Bolivia, más ahora que hay una infinidad de problemas de salud que deben ser atendidos con urgencia. Si las autoridades y sectores deben ceder, deben hacerlo, pensando en el pueblo no en sus cálculos políticos.

Los movilizados que responden a filas masistas deben estar conscientes que lo que están haciendo es altamente dañino para el pueblo boliviano, que seguro le pasará la factura, así como lo hará con el gobierno actual, cuya prioridad parece ser la candidatura y no la población que en noviembre apoyó con la esperanza de cambio, de días mejores y diferentes a los cuestionados casi 14 años del anterior gobernante.