“Una vez que el Tribunal Constitucional haya tomado esa decisión el caso retorna a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral que emitirá una resolución sobre los casos concretos que se han presentado a su conocimiento, esto es lo que manda el ordenamiento jurídico en Bolivia”, dijo el presidente del TSE, Salvador Romero, en la reunión a la que asistieron los delegados de dos partidos que terciarán en las elecciones y le reclamaron el por qué no se había suspendido la sigla del MAS en este proceso.

Romero explicó que al existir una demanda que pone en tela de juicio uno de los artículos de la ley 026 corresponde que sea el TCP el que dirima la constitucionalidad de este artículo y luego en función de esa determinación el ente electoral debe tomar una decisión. Pero los expertos creen que solo la admisión de este recurso puede demorar hasta tres meses y por tanto una resolución puede tardarse hasta cuatro meses, tiempo en el cual se habrá resuelto la elección.

El 22 de julio el MAS presentó una demanda de inconstitucionalidad abstracta en contra del inciso III del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral que prohíbe la difusión de resultados de estudios de opinión en materia electoral. La sanción es la cancelación inmediata de la personería jurídica del partido y la multa al medio de comunicación donde se produjo ese hecho. Días antes, el candidato del MAS, Luis Arce Catacora comentó unas encuestas que le presentaron en un programa televisivo.

Además, distintos partidos y organizaciones exigieron al TSE anular la sigla del MAS por el presunto fraude electoral que está en los estrados judiciales y que tiene a todos los vocales de la anterior Sala Plena detenidos en las cárceles de dos ciudades, Cochabamba y La Paz.

Estos pedidos y las demandas contra el masismo coincidieron con la escalada de tensión que vive el país, porque la decisión de postergar nuevamente las elecciones, se conocieron un día después de la demanda que presentó el MAS ante el TCP.

Al día siguiente, el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) determinaron convocar a todos sus sectores a una gran “marcha nacional” contra lo que consideraron una vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE) y el 28 de julio, en un cabildo realizado en El Alto determinó el bloqueo nacional de caminos y la huelga general indefinida. Hasta ahora solo se cumple el bloqueo.