Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 09 de agosto de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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El Gobierno, a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, presentó oficialmente el viernes, una nueva denuncia penal contra el expresidente Evo Morales. La primera se presentó en noviembre, por el caso de una supuesta llamada telefónica que instaba a los bloqueos camineros, para cortar la alimentación de la población.
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El proceso que recibió la Fiscalía departamental de La Paz, el viernes, incluye, además, a los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce Catacora y David Choquehuanca; al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi; y a los dirigentes del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza.
“Hemos presentado una denuncia en contra de estas personas, por delitos de genocidio, terrorismo, sedición, delitos en contra de la salud, de los servicios básicos, destrucción del ornato público; además, delitos contra el medio ambiente, porque se han intentado incendiar parques nacionales e instigación publica a delinquir”, confirmó el ministro de Justicia.
La denuncia formal, la presentó Erasmo Huberth Vargas, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales.
Muertes
La semana pasada, la autoridad había anunciado la demanda penal. Este domingo, ratificó que los hechos registrados en las últimas horas producto de los bloqueos en el país, como el asesinato de más de 30 personas por falta de oxígeno, el secuestro, la violencia, el robo y la destrucción de bienes del Estado, no se negocian, la Ley es para cumplirla.
Según el Ministerio de Justicia, organizaciones sociales afines a Evo Morales mantienen protestas con puntos de bloqueo en al menos 60 accesos rutas y accesos a ciudades capitales. Su oposición surge debido a la postergación de las elecciones presidenciales para el 18 de octubre, fecha determinada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a la curva de contagios del Covid-19. Anteriormente, la fecha programada para los comicios era el 6 de septiembre.
“Solicitamos de manera enfática al Fiscal General, a los fiscales de distrito de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que actúen contra los actos criminales que se están cometiendo contra la población”, expresó.
Pruebas presentadas
La denuncia presenta, como pruebas preconstituidas, un comunicado de las Naciones Unidas referente a la urgencia de permitir la libre circulación de la ayuda humanitaria para enfrentas la pandemia; un comunicado de la Asociación de Surtidores, Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz, en referencia a las agresiones de grupos vandálicos y bloqueos; una nota de Antonio Chacín Hernández, propietario de Praxair Bolivia SRL, dirigido a la Directora de CEASS (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud) del Ministerio de Salud referente a la solicitud de colaboración e intermediación ante autoridades para el libre tránsito de cisternas con oxígeno medicinal.
Fracaso del diálogo
Una reunión que duró hasta la madrugada de este domingo, que agrupó a representantes de la Asamblea, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y representantes de la COB y del Pacto de Unidad, afines al MAS, no prosperó, para pacificar el país.
Los sectores sociales, mantienen el pedido de cambiar la fecha de las elecciones, entre el 6 de septiembre y el 18 de octubre para poder despejar las vías cercadas. El TSE asegura que el 18 de octubre es la fecha definitiva para las Elecciones Generales 2020.
