La pandemia del COVID-19 viene provocando grandes pérdidas de vidas, en la economía y el desarrollo de los pueblos, debilita las redes sociales y las relaciones familiares, una veces por ausencia y otras por extrema cercanía, particularmente en las que el respeto y la solidaridad  ya se encontraban debilitadas; pero, también se ha convertido en la gran oportunidad para que salgan a la superficie las peores miserias humanas que camufladas como acción política, se permiten cometer gravísimos crímenes de lesa humanidad.

Cuando se creía que una organización que se dice política ya había mostrado todas sus estrategias para alcanzar, mantener y retomar el poder, nos sorprende sacando a relucir  su capacidad de renovación destructiva de bienes y de vidas que tienen, tanto que los casos de los esposos Andrade, la Calancha,  Cristian Urresti, Hotel Las Américas, el Tipnis, los bombazos en Oruro, Senkata, Sacaba y muchos otros que considerábamos eran lo máximo a lo que podían llegar, hoy quedan como acciones de principiantes del crimen organizado, pues nos muestran que pueden ser mucho más crueles, perversos e inmisericordes.

Al leer las Convenciones de Ginebra y sus protocolos que son instrumentos adoptados internacionalmente después de evaluar los horrores de la 2ª guerra mundial , y que tienen como fin proteger a las personas que no participan en las hostilidades como la población civil, el personal de salud, heridos, enfermos o miembros de organizaciones humanitarias. Pero, resulta que estas normas que debían ser la guía en todo conflicto, quedan en letra muerta cuando los que generan la violencia como medio para alcanzar fines que no lo pueden lograr a través de la política, son organizaciones delictivas que actúan al margen de toda ley o normas éticas.

Bolivia en este momento se halla frente al asedio de grupos con rasgos muy propios del crimen organizado que, utilizando como pretexto la postergación de las elecciones por 42 días más, decidieron castigar a todo el pueblo privando de oxígeno, medicamentos y atención de salud a cientos de pacientes infectados del letal virus, a enfermos renales, con cáncer, bebes prematuros y otros que se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero, por si fuera poco, lo que buscan es la diseminación del contagio a niveles incontrolables con costos en vidas y la economía de miles de familias que apenas tienen para sobrevivir el día.

Ante esta arremetida de la criminalidad disfrazada de acción política, corresponde,

 además de la acción firme de las autoridades, dentro de los marcos de las leyes y los Derechos Humanos, el repudio social sin reparos. No más contemplaciones con la violencia terrorista.