Quienes en medio de una pandemia mortífera bloquean carreteras para que no pasen las ambulancias y las apedrean, los que impiden el paso de camiones con tubos de oxígeno para salvar vidas, los que cercan las plantas de distribución de gas licuado y de gasolina, son verdaderos criminales y tienen que ser procesados por esas acciones.

Ni siquiera en los peores momentos de la guerra en Líbano o en Irak (donde estuvo como corresponsal mi querido primo Juan Carlos Gumucio), se impedía el paso de la Cruz Roja, ambulancias y personal de salud, como está sucediendo en Bolivia por órdenes del MAS y sus huestes: lumpen sin conciencia de clase que aprovecha toda oportunidad de desorden para saquear camiones de transporte o fábricas.

Estos criminales han causado muchas muertes en hospitales que no reciben el oxígeno y las medicinas que necesitan para tratar a los enfermos de Covid-19. La lógica perversa del MAS es provocar un estado de caos que hunda a nuestra sociedad en el desconcierto y la desesperanza.

Mientras el “jefazo” está a sus anchas en Buenos Aires, sus operadores en Bolivia empujan a la gente a las calles no solo para que se contagien colectivamente y contagien a sus familias hasta colapsar los servicios de salud, sino también en búsqueda de muertos. En la medida en que provoquen enfrentamientos con las fuerzas del orden y haya muertos y heridos, podrán nuevamente hablar de “masacre” y de “mártires” que ellos mismos empujaron a la calle.

No sería nada sorprendente que uno de esos operadores terroristas sea el capitán Juan Ramón Quintana desde la Embajada de México, gracias a la permisividad cómplice de esa misión diplomática. Quintana, quien alguna vez dijo “alguien tiene que hacer el trabajo sucio”, es el equivalente de otro capitán, Luis Arce Gómez, que sirvió los intereses más oscuros de las dictaduras militares.

En la situación de crisis sanitaria y económica, el MAS se aprovecha de la debilidad de la gente que no tiene nada que perder, para lanzarla a la muerte. Con todo el dinero que se llevó el MAS del Banco Central días antes de la fuga de Evo Morales, están pagando a los que bloquean y organizan manifestaciones violentas.

Circulan videos donde se ve cómo pagan 100 bolivianos a los “ponchos rojos” para que, contra toda norma de seguridad y bioseguridad, causen zozobra entre la población. Eso me recuerda un artículo que publiqué en Nueva Crónica en 2009, “Mi carpintero, poncho rojo” donde contaba cómo mi carpintero hacía mejor negocio pagado por el MAS para ponerse un poncho rojo en manifestaciones, que con su noble oficio de trabajar la madera.

El resultado de esa plata que corre por debajo son los 100 lugares de bloqueo en todo el país. Los disciplinados y bien pagados bloqueadores son trasladados de un lugar a otro en camiones contratados para ese fin, tal como sugería Evo Morales en el audio en el que instruía crear caos.

La Cancillería boliviana ha elevado a la Organización de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y al Parlamento Europeo una denuncia sobre los sectores impulsados por el MAS que impiden la movilidad de los trabajadores médicos, la circulación de ambulancias, y el transporte de insumos médicos.

También envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no hay mucho que esperar de este organismo que dirige Paulo Abrão, falto de ética y de profesionalismo, quien le debe su carrera arribista a los gobiernos del llamado “socialismo del siglo XX” y ha convertido en una célula del PT brasileño la oficina que apoya las movidas del MAS y protege a Evo Morales. Con la coartada de “progresista” Abrão es en realidad un oportunista autoritario y conservador.

El Gobierno debe tener mucho cuidado en no caer en provocaciones que podrían costar vidas, porque eso sería pisar el palito que le ha puesto Evo Morales, acusado de terrorismo y sedición, sin que veamos que ese proceso -que merece la tarjeta roja de Interpol-, avanza en la justicia boliviana.