La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) condenó, este sábado, los bloqueos de carreteras que mantienen sectores afines al MAS y que impiden la circulación de ambulancias, camiones cisternas de oxígeno y otros insumos para abastecer a los centros de salud, debido a que se constituyen en delitos de lesa humanidad.

«La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz condena estos hechos, al constituirse en delitos de lesa humanidad, perpetrados en contra de personas contagiadas con el virus COVID-19, pero también en contra de pacientes con otras patologías», señala el comunicado emitido por esa institución.

Este sábado, se cumplen seis días de bloqueo de carreteras protagonizados por grupos afines al MAS, liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), en rechazo a la postergación de las elecciones para el 18 de octubre.

El Gobierno ratificó su respeto a las marchas pacíficas, sin embargo, rechazó los hechos violentos registrados durante las protestas y que impiden el transporte de medicamentos y oxígeno para los pacientes con coronavirus.

La nueva fecha fue establecida por el Órgano Electoral tomando en cuenta que entre los meses de julio y septiembre se registrarán los picos más altos de contagios de coronavirus, según parámetros científicos y técnicos.

También la institución repudió los hechos registrados en el municipio cruceño de Samaipata, donde grupos pertenecientes al MAS golpearon a los pobladores, ocasionaron destrozos, ingresaron a las viviendas y causaron zozobra y terror en la mayoría de los habitantes de esa localidad.

Ante esto, la Asamblea exige a los sectores movilizados respetar los derechos humanos y abandonar toda actitud violenta y lesiva en contra de los bolivianos.

En tanto, exigió a las autoridades correspondientes encaminar todas las investigaciones y acciones legales respecto a los casos de personas que fallecieron debido al desabastecimiento de oxígeno.

El miércoles, el Jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, reportó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que hasta la fecha se registraron al menos 28 decesos por falta de oxígeno en La Paz y Oruro.

«Llamamos al Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a todos los actores involucrados incentivar el diálogo y respetar los derechos humanos», señaló la institución.