Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: viernes 07 de agosto de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Bolivia Digital
La canciller del Estado Karen Longaric — a nombre de Bolivia — solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “objetividad e imparcialidad” ante los pronunciamientos del expresidente Evo Morales sobre los llamados a la confrontación y hechos violentos en los bloqueos de carreteras en plena pandemia del coronavirus.
“A nombre de todo el pueblo boliviano pido a la CIDH objetividad e imparcialidad. La CIDH no puede convertirse en un portavoz y altavoz de Evo Morales y de sus adeptos que ilegítimamente controlan la Defensoría del Pueblo en Bolivia. La parcialización de la CIDH no ayuda a acabar con la violencia en Bolivia solo desacredita a este importante institución y profundiza las divisiones en nuestro continente”, reclamó.
Longaric emitió este pronunciamiento ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que está compuesto por los embajadores y representantes permanentes de los países del hemisferio.
Esta jornada se cumplen cinco días de bloqueo de carreteras protagonizados por grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). El Gobierno ratificó su respeto a las marchas pacíficas, sin embargo, rechazó los hechos violentos registrados durante las protestas y que impiden el libre tránsito de ayuda para los pacientes con coronavirus (COVID-19).
“Manifestamos nuestro desconcierto y preocupación por la pasividad en la que la comunidad internacional recibe los pronunciamientos, provocaciones y violaciones a los derechos de parte de Evo Morales desde su asilo o refugio en Argentina”, afirmó.
La canciller recordó la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los refugiados (ACNUR) que manifestó que el asilo no puede ser usado para incitar la hostilidad y la violencia en el país de origen.
“Evo Morales siembre caos en un periodo crítico para la historia de Bolivia. Esos pronunciamientos hostiles tienen consecuencias tangibles y nefastas. Pretender defenderlos bajo el argumento de la libertad de expresión es objetivamente injusto”, aseveró.