De acuerdo con la imputación formal, el alcalde orureño se enmarca en lo que establece el artículo 32 del decreto 181 que manda a que las autoridades ejecutivas son las responsables de todas las contrataciones y en este caso se vulneró varios pasos del proceso de contratación.

Asimismo, refiere que Bazán firmó un contrato lesivo al Estadoporque la empresa proveedora no cumplió con lo estipulado en el contrato y aún así la alcaldía recibió material que no estaba pactado.

La imputación está acompañada de 72 indicios de pruebarecolectados  desde que se inició la investigación en septiembre de 2017. En este legajo entregan desde la convocatoria a licitación pública, hasta documentos que fueron encontrados en el allanamiento a las oficinas del proveedor, Marco Murillo.

De igual forma, se entrega las declaraciones de 17 personas, todas vinculadas a la empresa de Murillo y los funcionarios ediles que fueron designados como parte de la comisión calificadora que llevó adelante todo el proceso.

Pero el 27 de marzo de este año, el alcalde presentó ante la Fiscalía un memorial solicitando el rechazo de la denuncia porque consideran que el mismo decreto 181 refiere delegación de responsabilidades y que el Alcalde actuó dentro la norma, lo que fue interpretado como una acción de dilación porque Bazán intenta derivar su culpa en sus subalternos.

El juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Sergio Vásquez fijó audiencia cautelar para mañana a las 15:00 en los juzgados de Oruro.