El Pacto de Unidad, que aglutina a sectores afines al MAS, inició el lunes un bloqueo de caminos en el ámbito nacional, para exigir que las elecciones generales no sean postergadas hasta el 18 de octubre, sino que sean realizadas el 6 de septiembre. El miércoles sostuvo una reunión con vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para tratar este tema, pero las autoridades electorales les ratificó que la votación será realizada en octubre, para evitar contagios masivos de coronavirus. Ante esa negativa, anunció que se asumirán nuevas movilizaciones.

El jueves, cuando se recordó el aniversario patrio, el expresidente Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Convoco a la unidad de todas las bolivianas y bolivianos. Vamos a salir adelante, ya que tenemos valores y nuevas propuestas en el camino del desarrollo con líderes que han salido del pueblo, que conocen el país y que tienen la experiencia en gestión pública y política”.

El mismo día, Copa se dirigió a la Asamblea Legislativa a través de su informe de gestión. Allí hizo un llamado a mantener la cultura de la paz. “A todos mis hermanas y hermanos bolivianos, es momento de reencontrarnos, de practicar la cultura de la paz, es momento de entablar las mesas de diálogo, es momento de que nos escuchemos los unos a los otros, es momento de que Bolivia sea una. No podemos tener dos Bolivia, es una sola. Bolivia es fuerte, trabajadora y digna, todos tenemos que construir esa patria del futuro”, sostuvo.

Sin embargo, mientras Morales y Copa hacían esos llamados, sus bases, en los bloqueos de caminos que llevan adelante en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, impedían el paso de oxígeno medicinal, un insumo médico que se llegó a convertir en indispensable para salvar vidas de personas que padecen coronavirus y que tienen dificultades de respiración. El mismo jueves se informó de la muerte de una persona de 27 años en el hospital Boliviano Holandés de El Alto, precisamente por la falta de oxígeno.

Desde el miércoles, autoridades sanitarias de Oruro y La Paz, especialmente, emitieron una serie de alertas para advertir que se les acababa el oxígeno y que tenían reservas sólo para “unas horas”, por lo que exhortaron a los bloqueadores a dejar pasar el insumo médico, ya que había decenas de pacientes “oxígeno dependientes”. Se informó que en Cochabamba están retenidas cinco cisternas con oxígeno medicinal por los bloqueos de caminos.

Además, se denunció que en la carretera La Paz – Cochabamba un grupo de bloqueadores saqueó pollos de un camión que transportaba el producto al sector del occidente del país, al margen de sacar verduras de otro vehículo.

Esos hechos hicieron que el Gobierno advierta que con esos bloqueos se cometen delitos de “lesa humanidad”, por lo que presentó una demanda penal por esa causa en contra del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y del dirigente cocalero Leonardo Loza, ambos integrantes del Pacto de unidad.

Ante la persistencia de esa movilización y el perjuicio que produce al sistema de salud y provisión de alimentos en el país, la tarde del jueves, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez; y de Trabajo, Óscar Mercado, advirtieron que intervendrán los bloqueos de caminos si es que el diálogo no prospera, debido a que ya no es posible continuar con los “puentes aéreos” para trasladar oxígeno medicinal a ciudades del país, para atender la demanda de los hospitales.

Tras conocer esa advertencia, el expresidente Morales, lejos de pronunciarse sobre las carencias que hay en los hospitales, advirtió que se prevé una intervención a los bloqueos y una masacre. “El gobierno de facto tiene listo proyecto de D.S. para la intervención de las FF.AA. y de la Policía en los bloqueos de caminos de la COB y del Pacto de Unidad que protestan por la tercera suspensión de elecciones. Uso de fuerza provocará una masacre pero al régimen no le importa” (sic).

Morales permanece asilado en Argentina, tras su renuncia a la Presidencia, luego de ser acusado de cometer fraude electoral en las elecciones generales de octubre de 2019. El Gobierno señala que es el autor intelectual de los bloqueos de caminos que se llevan adelante en el país.