Por un lado, se señala “una torpeza política” de parte del Gobierno que alimentó, en lugar de resolver, la rivalidad entre dos departamentos que ya habían encontrado paz sobre la base del primer informe que publicó YPFB en agosto de 2016, que estableció que el 100% de Incahuasi es cruceño. 
Pero una mirada política más escéptica no ve ‘torpezas’, sino acciones que han contribuido a ‘bloquear’ la agenda de movilizaciones ciudadanas y de la oposición orgánica en defensa del voto del 21 de febrero de 2016 (21-F), que dijo No a la chance de reelección de Evo Morales en 2019, y que venía sacudiendo al Gobierno desde noviembre, específicamente, desde que el Tribunal Constitucional Plurinacional dio luz verde a Morales para repostularse pese a todo.
Esas son las miradas de los analistas políticos Carlos Hugo Molina, abogado cruceño y exprefecto de Santa Cruz, y de Gustavo Pedraza, otro abogado que fue ministro de Desarrollo Rural.
Molina ve más “una chambonada” en el manejo del conflicto, cree que planificar una confrontación regional para encubrir problemas de coyuntura política -como la repostulación del presidente- sería un acto de irresponsabilidad extrema.
En cambio, Pedraza apunta a la coincidencia entre la escalada de esta disputa y el procesamiento del alcalde opositor José María Leyes con la debacle de las protestas ciudadanas. “El MAS es un partido hábil y su objetivo estratégico es la repostulación, por tanto debe bloquear la agenda opositora”, ha dicho el analista.

Puntos de vista

Un estudio “innecesario”
Después del planteamiento del Gobierno de hacer un segundo estudio de ubicación del campo Incahuasi, los expertos en hidrocarburos Francesco Zaratti y Hugo del Granado calificaron de innecesaria la medida debido a que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca no cambiaron.

Contradicciones obvias
El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Henry Cabrera (MAS), planteó un recurso para descongelar las regalías cruceñas. El ministro Héctor Arce descalificó la medida y procesó al juez.