En conferencia conjunta con otros colegas suyos, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió con procesar a alcaldes y dirigentes, de los que dijo que están identificados, que propician bloqueos en distintas carreteras del país.

Habrá “operativos que se harán en cualquier minuto”, afirmó otra vez el funcionario, quien aseguró que en la línea de las protestas se encuentran alcaldes, como la de Vinto, y dirigentes. “Todos los que están identificados, van a ser procesados”, aseguró.

Murillo apuntó especialmente a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, y a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, de propiciar las movilizaciones, incluso ofreciendo alimentación a los movilizados. “Están haciendo saquear camiones en carretera”, no son solo asesinos que quieren matar gente por falta de medicamentos, sino también ladrones, dijo el ministro.

Adelantó que el Gobierno procesará a las autoridades locales y dirigente que propician las protestas por crímenes de lesa humanidad, sedición y terrorismo. “No perseguimos a políticos, hacemos justicia por el pueblo”, reivindicó Murillo.

Luego, furibundo, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que a los movilizados les interesa más la política que salvar vidas. “Vamos a emplear lo que dice la Constitución: primero la vida, y vamos a cuidar la vida de los bolivianos”, advirtió.

«A los dirigentes y militantes del MAS, dirigidos por Evo Morales y Luis Arce, les interesa más la política y generar caos, pero no salvar vidas. El Gobierno trabaja 24/7 para cuidar la vida de las personas», insistió.

La noche del jueves, el expresidente evo Morales, a quien apunta el Gobierno de organizar las protestas, denunció que la administración de Jeanine Áñez ya tiene listo el decreto para la actuación de las Fuerzas Armadas en los conflictos.

En noviembre del año pasado, ante una situación similar, el Gobierno tuvo que apelar a un decreto, el 4078 luego abrogado, para la intervención de las movilizaciones. La norma había dispuesto inmunidad penal a los militares.

El resultado de la represión en Huayllani, Cochabamba, y Senkata, en El Alto, fue una treintena de fallecidos y decenas de heridos, aunque el Gobierno insistió en que las muertes fueron causadas por los propios movilizados.

“Paremos estos bloqueos que tanto daño le hacen al país”, exclamó Núñez.

Así como están “asaltando camiones, sean valientes para afrontar lo que se viene”, advirtió Murillo.

El miércoles, al salir de la reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, afirmó que el órgano electoral y el Gobierno “están subestimando la fuerza del pueblo” y anunció que “si tocan un punto de bloqueo” con la intervención, los movilizados abandonarán los cortes de ruta y se trasladarán a La Paz de forma “contundente”.

Los bloqueos comenzaron el lunes por decisión de la Central Obrera Bolivia (COB) y el Pacto de Unidad, contra la postergación de las elecciones del 6 de septiembre. De forma autónoma, el TSE dispuso la modificación de la fecha para el 18 de octubre, decisión que incluso fue considerada como “un juego infantil” por Áñez en su discurso sobre el aniversario patrio, el jueves