Las protestas promovidas por organizaciones vinculadas con el Movimiento Al Socialismo (MAS) exigen elecciones generales para el 6 de septiembre y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó ayer que esos comicios se llevarán a cabo el 18 de octubre.

Los bloqueos, que afectan a 24 municipios de todo el país, comenzaron el 3 de agosto, siendo el más sensible el corte de ruta instalado en la carretera que une Oruro y Cochabamba, donde se detonaron dinamitas para cerrar el paso.

Además, la Dirección Nacional de Tránsito reportó 50 bloqueos en el área rural de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de protestas esporádicas en la autopista que une la ciudad Sede del Gobierno con El Alto.

Los manifestantes no dejaron transitar a las ambulancias, carros cisternas con combustible y a los vehículos que transportaban insumos médicos y tubos de oxígeno que requieren los Hospitales, de acuerdo con reportes de medios de comunicación.

La presidenta Jeanine Áñez pidió a dirigentes del MAS que reflexionen y eviten que los casos de coronavirus se incrementen.

«Hay mucha gente sufriendo, y no estamos para otra cosa que no sea la solidaridad. Les pido una vez más que dejen de bloquear y cuiden a nuestro pueblo», público la Jefa de Estado en su cuenta de Twitter (@JeanineAnez).

En ese marco, el director de Coordinación con Movimientos Sociales, Rafael Quispe, convocó a los movilizados para que se sienten a dialogar y escuchar los fundamentos que presentó el Órgano Electoral para postergar las elecciones octubre.

Los afectados

En la localidad de Palcoco, afines al MAS cavaron zanjas cerca de la planta de la empresa 3H Industriales que distribuye de oxígeno medicinal a La Paz. Lo mismo ocurrió en Ventilla, donde existen bloqueos, lo que genera que los hospitales de la ciudad no reciban el insumo que es requerido por pacientes afectados por el COVID-19.

En Oruro, el administrador del Hospital Obrero, José Verduguez, confirmó que cuatro pacientes con coronavirus fallecieron en ese nosocomio por falta de oxígeno medicinal y denunció que tres camiones con ese insumo fueron retenidos en la carretera a Cochabamba, bloqueada por mineros cooperativistas y campesinos.

Entre las personas fallecidas se identificó al dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) Nelson Crispín y el médico Alberto Ortuño (anestesiólogo), que trabajaba en el sector público, pero que era asegurado en la Caja Nacional de Salud.

Desde el ingreso del virus al país, 3.320 personas fallecieron por ese mal. Las cifras de decesos se incrementaron desde la segunda quincena de julio, pero el martes se presentó el pico más alto de muertes, llegando a 92, la mayor parte en Santa Cruz con 35, seguido por La Paz con 21 y Cochabamba con 17.

La representante de la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) La Paz, Erica Claure, denunció que las cisternas que transportaban combustible fueron atacadas por los movilizados, causando daños a los motorizados y a los choferes.

Además, advirtió del desabastecimiento de combustibles en las ciudades de La Paz y El Alto, debido a los bloqueos que impiden la circulación de cisternas.

Señaló que se ven impedidos de sacar gasolina y diésel de la Planta de Senkata, porque un grupo de personas obstaculizó el ingreso a esas instalaciones.

El MAS en el Legislativo no da su brazo a torcer

Mientras, los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa no viabilizan los créditos internacionales, para que el Gobierno pueda entregar equipos e insumos médicos a los hospitales y pueda poner en marcha un nuevo bono para los sectores más vulnerables.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa (MAS), promulgó la Ley de Estados de Excepción que fija limitaciones al Gobierno para aplicar restricciones ante eventuales conflictos.

De hecho, el MAS optó por atrincherarse en el Legislativo, pues la presidenta del Senado promulgó varias leyes sin que éstas hayan sido coordinadas con el Ejecutivo, mientras que el Gobierno denunció que varios préstamos internacionales fueron bloqueados.

Elecciones en manos del TSE

Las elecciones presidenciales previstas, inicialmente, para el 3 de mayo se postergaron por efecto de la pandemia. El TSE fijó, tras un acuerdo con las fuerzas políticas y el Legislativo, celebrar las elecciones el 6 de septiembre, pero esa fecha fue movida al 18 de octubre por el incremento de contagios por COVID-19.

El presidente del TSE, Salvador Romero, explicó que tomaron en cuenta proyecciones científicas y otros estudios que señalan que la última semana de agosto y la primera de septiembre se registrarán los picos más altos de contagios.

Además, recordó que la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Régimen Electoral y del Órgano Electoral, establecen que la entidad tiene las atribuciones para definir la fecha para las elecciones generales.

Ante las medidas de presión asumidas por el MAS, el TSE los convocó reuniones en dos oportunidades. La primera fue el 31 de julio, cuando los dirigentes se abrieron a negociar la fecha de las elecciones; la segunda cita se realizó el miércoles 5 de agosto, pero sin acuerdos.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunció que radicalizarán sus movilizaciones y el TSE ratificó la fecha de las elecciones. 

Organismos internacionales se pronuncian

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado urgente para permitir la libre circulación de la ayuda humanitaria consistente en insumos médicos, medicamentos y oxígeno, que son esenciales para proteger la salud de la población.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su cuenta oficial de Twitter, condenó que manifestantes impidan el paso a camiones cisterna de oxígeno y ambulancias necesarios para atender la pandemia en Bolivia.