Son acciones terroristas porque hasta en la Guerra se respetan a los servicios de salud, son planificadas porque la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobó una ley para intentar generar impunidad para los manifestantes y frenar las acciones de la fuerza pública, además despejaron cualquier duda respecto a su intención de sabotear los servicios de salud, pues no solo impidieron el transporte de oxígeno dinamitando caminos, sino que directamente fueron a bloquear la Planta de Palcoco, que abastece de ese insumo médico a La Paz y se ubica a treinta y cinco kilómetros de la ciudad de El Alto. Describir estas acciones resulta impactante, incluso en un País donde las protestas llegaron a los incendios de buses y las conocidas acciones en la Planta de Senkata, que casi ocasionan una explosión semejante a la que asoló estos días al Puerto de Beirut, pensamos en noviembre que se trataba de vandalismo, de gente enardecida por el alcohol, que por su estado de enajenación e ignorancia, no dimensionaba lo que hacía, quisimos creer que eran hechos aislados, producto de una causalidad que se originaba en una especie de inercia, donde las acciones salían de control y terminaban arrastrando a los exaltados a consecuencias de mayor dramatismo. Lo que sucedió estos días nos muestra el grado de vileza que exhibe esa fuerza política, son acciones intolerables, crímenes imperdonables, asesinatos que no pueden quedar en la impunidad, algo que ya no tiene ninguna relación con la política, estamos ante acciones injustificables que tienen que ser controladas e investigadas a profundidad, pues de lo que se trata es de preservar la democracia y la legalidad, para las grandes mayorías, que miran con estupor el grado de barbarie con el que actúan quienes siguen las ordenes de Evo Morales. El gobierno está en la obligación de intervenir, pues la opinión pública está indignada, toda vez que se están afectando derechos fundamentales, no basta con «pedir», se debe exigir a los fiscales que hagan su trabajo, o se dedican a defender los derechos de la Sociedad y la vigencia de la ley o corremos el riesgo de que los ciudadanos se vayan organizando para su autodefensa, como ya ocurrió en Samaipata y Mairana. Lo propio tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral, ya resulta irritante su impasibilidad y lentitud, al fin de cuentas las presiones están dirigidas a ellos e incumben directamente a sus potestades, ya está de buen tamaño que eludan sus responsabilidades y quieran quedar bien con Dios y con el Diablo, ya perdieron sus almas en ese intento y durante esta coyuntura tienen otra prueba de fuego, pues son los que deben dar la señal de que el camino es por la senda de la legalidad y no por la vía de hecho. El gobierno y el poder no son patrimonio exclusivo de ninguna fuerza política, una parcialidad no tiene ningún derecho de atribuirse la representación del “Pueblo” y el Estado no es el cato de coca de nadie, está claro que algunos no creen en las urnas y nos falta solamente saber cuánto oxígeno tiene la institucionalidad democrática, antes de que la gente tenga que entenderse a golpes y gritos, en las calles, en los cementerios y en los hospitales.