Medio: ERBOL
Fecha de la publicación: viernes 11 de mayo de 2018
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
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La Asamblea de la Cruceñidad decidió la noche de este jueves iniciar medidas de presión, como paro y bloqueos, en caso de que el nuevo estudio técnico no ratifique que el campo Incahuasi está plenamente en su territorio.
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YPFB anunció que el lunes 14 de mayo presentará el estudio técnico a cargo de la empresa Sproule, el cual definirá si las reservas de gas de Incahuasi están plenamente en territorio cruceño o son compartidas con Chquisaca.
Los chuquisaqueños ratificaron su paro y medidas de presión, y los cruceños decidieron aguardar hasta la presentación del estudio para realizar protestas por su parte.
En la reunión de la Asamblea de la Cruceñidad, las instituciones de este departamento aprobaron un voto resolutivo de nueve puntos.
En el primer punto, los cruceños exigieron el descongelamiento del pago de las regalías a favor de su departamento, dado que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó suspender aquello hasta que se conozca el estudio.
En segundo lugar, la Asamblea determinó exigir el cumplimiento de los límites oficiales e históricos con Chuquisaca, con los cuales un anterior estudio de la empresa GLJ determinó que Incahuasi es plenamente cruceño.
El tercer punto consiste en la advertencia de que, si el estudio de Sproule no confirma que Incahuasi es plenamente cruceño, se iniciarán de manera inmediata marchas, bloqueos de carreteras, paro cívico indefinido y huelgas de hambre.
En el cuarto punto y quinto punto se dio la potestad al directorio del Comité Pro Santa Cruz de reunirse el 15 de mayo (un día después de la presentación del estudio) para programar las medidas de presión o suspenderlas si se cumplen las exigencias.
El sexto y séptimo punto consisten en declarar personas no gratas a los magistrados del TCP que congelaron las regalías y el exviceministro de Autonomíad, Hugo Siles, a quien le critica su gestión en este conflicto.
El punto ocho determina seguir en la defensa del referendo del 21 de
febrero de 2016, que impide a Evo Morales la repostulación en 2019, y el
noveno exige el respeto a la independencia judicial.
