Ordenar esos bloqueos, en un momento en que miles de personas y familias sufren el azote de la pandemia del covid-19 con toda su fuerza, constituye un acto despreciable de unos pocos dirigentes a los que no les interesa ahora, ni les interesó en el pasado, caminar sobre cadáveres para materializar sus propias ambiciones.
La historia nos recuerda que cada vez que se articularon movilizaciones y episodios de convulsión como el que hoy tiene lugar, estos siempre tuvieron el fin último de desatar episodios de violencia con el saldo de bolivianos muertos o heridos que luego se emplean, de la forma más siniestra, como estandartes en su lucha por el poder.
Y esta no parece ser la excepción. Solo que ahora, en el contexto de la pandemia, la instrucción de bloquear y organizar concentraciones humanas linda con lo criminal. Muchas personas resultarán contagiadas y otras tantas probablemente lleguen a perder la vida por causa de la enfermedad.
Los hospitales del país, que requieren de manera constante aprovisionarse de insumos, medicinas y particularmente de oxígeno, empezarán a tener más dificultades de las que ya tienen, lo mismo que el conjunto de la ciudadanía.
Estamos, pues, frente a un atentado a la salud pública. Un acto que puede, incluso, ser calificado de genocida por las gravísimas consecuencias que tendrá sobre la salud y la vida de miles de personas por razones puramente políticas.
¿De qué otra manera se puede calificar una protesta que, inevitablemente, derivará en contagios masivos y el consiguiente peligro de muerte de muchas personas, dificultando además el tránsito de vehículos que deben transportar alimentos o insumos para los centros de salud del país?
El argumento de rechazar la postergación de las elecciones generales por un mes no justifica una medida de esa magnitud; más aún si esa postergación se funda en criterios epidemiológicos abundantemente razonables.
Después de 14 años en el poder, lo menos que podría esperarse de la cúpula del MAS es que se haya transformado en una fuerza política de convicciones democráticas. Pero los hechos indican que eso no ha sucedido.
Todos en este país queremos un gobierno legítimo, electo en las urnas y nacido de la voluntad popular, pero esta no es, en definitiva, la manera de alcanzar ese propósito.
Le están privando a la población de un derecho fundamental que es el derecho a la vida y a la salud. Están precipitando la diseminación masiva del coronavirus y pretenden ahogar al sistema público de salud para provocar una verdadera catástrofe humana por los efectos, sobradamente conocidos, del covid-19.
Los dirigentes que organizan y financian estas movilizaciones, exponiendo y enviando a sus bases al sacrificio como si fueran becerros, están mostrando la esencia inhumana y nada ética con que ejercen la política. Están jugando con la vida de seres humanos, de personas cuyas vidas son tan valiosas como la de cualquier boliviano. Es, en definitiva, imperdonable.
Ahora sí es cuando se requiere la condena más enérgica de todas las instituciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, así como el restablecimiento de la paz interna del país, frente a este gravísimo atentado a la salud y la vida de los bolivianos por la execrable ambición de poder de un puñado de personas.
