"En ningún momento el Ministerio de Justicia, como órgano Ejecutivo, se ha manifestado en contra de la función judicial en general, porque somos absolutamente respetuosos y defensores de la independencia de la función y transparencia judicial", dijo, citado en un boletín institucional.

Arce explicó que se denunció a un administrador de justicia ante una situación "muy grave" que, aparentemente por algunas presiones, emitió un fallo contra una sentencia constitucional que se constituyó en un detonante del conflicto cívico que vive actualmente Chuquisaca.

El juez Alberto Guzmán, mediante un dictamen judicial, determinó descongelar el pago de las regalías del campo gasífero Incahuasi a favor Santa Cruz.

En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que suspendió el pago de regalías y dejó los recursos en custodia en tanto se realiza un estudio técnico sobre la ubicación de ese pozo.

La semana anterior, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que ese estudio estará listo hasta el 14 de mayo.

"Chuquisaca se encuentra movilizada ante un fallo de un juez de Santa Cruz que contradijo una sentencia del Tribunal Constitucional, que el Gobierno nacional, a través de todas sus instancias, Ministerio de la Presidencia y YPFB, están cumpliendo fielmente como manda la Carta Magna y las leyes", agregó Arce.

Esa autoridad insistió que el Ministerio de Justicia no tiene nada contra los jueces de Santa Cruz.

"Vamos a defender siempre la independencia judicial, la función judicial, a los jueces que cumplen su labor en beneficio de la sociedad", aseveró.

En ese marco, el ministro rechazó las versiones sobre persecución contra administradores de justicia y consideró que los jueces deben ser independientes en sus decisiones.

"Debemos tener una justicia absolutamente independiente, libre de presiones políticas, libre de presiones sociales, libre de presiones empresariales o de cualquier otra naturaleza", sostuvo.