El Gobierno y sus detractores, como el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, volvieron a culparse mutuamente de algunos episodios de violencia, con varios detenidos y heridos.

Las movilizaciones se suceden desde la semana pasada después de que el Tribunal Supremo Electoral anunciara que los comicios se retrasan nuevamente, del 6 de septiembre al 18 de octubre, pues ya habían sido aplazados del 3 de mayo ante la pandemia de la COVID-19.

Una cacerolada ante la sede del órgano electoral en La Paz reclamó que se mantengan en septiembre, con críticas al Gobierno de Jeanine Áñez de prorrogarse indefinidamente con la escusa de la pandemia.

Uno de los manifestantes, Eddy Gonzales, declaró a Efe que el Ejecutivo transitorio argumenta que no se puede celebrar la votación mientras suben los contagios por el nuevo coronavirus, pero «no hace nada» para mejorar la atención sanitaria.

Algunas carreteras del país volvieron esta jornada, al igual la anterior, a quedar bloqueadas por grupos de manifestantes, en ciudades como Sacaba.

Un manifestante en esta ciudad, Felipe Mamani, manifestó a Efe que Áñez ni permite que las elecciones se celebren, pese a que dice que quiere ir a las urnas, ni mejora el sistema de salud para afrontar la pandemia.

El gobierno denuncia un atentado contra la salud

Marchas de protesta, a pie o en vehículos, se produjeron en ciudades como Sacaba, en lo que el Gobierno denunció como un «gravísimo atentado contra la salud», al no respetar la prohibición de concentraciones de gente que establece la cuarentena declarada en el país.

Varios miembros del gabinete de Áñez denunciaron que los bloqueos impiden el transporte de insumos médicos como el oxígeno, por lo que se organizó su transporte por vía aérea.

«Decenas de vidas dependen de un hilo», sentenció el ministro de Presidencia, Yerko Núñez, que culpó al MAS de las protestas.

Una de las principales organizaciones que las convoca, la Central Obrera Boliviana, instó a que se permita el paso de ambulancias y el transporte de insumos sanitarios, pero advirtió de que seguirán las protestas contra el órgano electoral y el Gobierno.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reiteró que es el órgano electoral el que decide sobre los comicios, no el Ejecutivo, denunció que los manifestantes reciben «millones» por movilizarse y se preguntó por qué organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncian sobre estas protestas como lo hacen en otras ocasiones contra Áñez.

Murillo dijo a los medios que durante las movilizaciones hubo detenidos y heridos, sin dar una cifra, mientras que la Defensoría del Pueblo señaló hubo al menos siete arrestados, incluido algún menor.

El MAS por su parte denunció «la violenta represión policial», en lo que consideró un «uso desproporcionado de agentes químicos» contra manifestantes.