La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, condenó los hechos de violencia registrados durante el primer día de movilizaciones de organizaciones sociales, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), en rechazo a la postergación de las elecciones. No obstante, también ratificó que las demandas de todos los sectores de la sociedad deben ser escuchadas y atendidas por el Estado.

“La Institución Defensorial repudia cualquier tipo de confrontaciones, agresiones y hechos de violencia contra la integridad física de las personas y de la propiedad pública y privada, así como el uso innecesario y excesivo de la fuerza pública y de agentes químicos”, señaló la Defensoría.

Asimismo, la Defensoría enfatizó que se debe respetar los derechos de las siete personas arrestadas durante los bloqueos en Oruro y El Alto, “más aún si son menores de edad, como el caso de un adolescente de 16 años arrestado en inmediaciones de la Ceja de El Alto”.

La Defensoría también condenó la violencia policial ejercida contra un adulto mayor en la ciudad de Cochabamba, “desconociendo que esta persona tiene protección especial por encontrarse en situación de vulnerabilidad, y la presunta agresión a un efectivo policial que habría sido herido en el ojo”.

“La Defensoría del Pueblo rechaza la criminalización de la protesta ante los reclamos y el ejercicio del derecho a la protesta pacífica de la población”, añade el comunicado.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo instó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a la Central Obrera Boliviana (COB), a las organizaciones del Pacto de Unidad y a todos los sectores movilizados, a retomar el diálogo como mecanismo para solucionar las diversas posiciones respecto a la fecha de las elecciones nacionales, “con el fin de promover el respeto a los derechos y garantías constitucionales individuales y colectivos; evitar situaciones de provocación o confrontación que podrían derivar en una escalada de hechos de violencia y garantizar un proceso electoral democrático, pacífico con alta participación para asegurar, fundamentalmente, el ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas y todos los bolivianos”.