“La cuarentena terminó hace ya muchísimo tiempo, el proceso no se ha iniciado realmente, hubo un encargo del Ministerio Público a nivel de la Fiscalía General del Estado de encargarle a la Fiscalía de La Paz, el comienzo de una investigación, se adelantó que eso iba a ocurrir pero no ha ocurrido y eso nos parece una arbitrariedad porque se trata de una acusación importante (…) no conocemos ningún tipo fiscal encargado, en teoría es el fiscal departamental de La Paz, pero no hay nada”, apuntó Mesa en entrevista con radio Compañera.

El candidato explicó que al existir un proceso en curso en contra de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como supuestos autores materiales del fraude en los comicios de octubre de 2019, es evidente que hubo un delito electoral por lo que corresponde una sanción en contra de los presuntos autores intelectuales.

Mesa aclaró que la denuncia también solicita el resarcimiento del daño económico al Estado que causó la anulación de las elecciones de octubre de 2019, incluyendo las elecciones primarias, siendo que la inversión que hizo el Estado fue más de 217 millones de bolivianos, en ambas actividades.

Al respecto, el abogado Eduardo León manifestó a EL DIARIO, que dentro los marcos procesales los plazos han sido superados y ya debieron presentar una imputación formal, tomando en cuenta los elementos colectados hasta ahora.

El abogado Jaime Soliz, en contacto con EL DIARIO, aseguró que las investigaciones en el caso del fraude electoral están paralizadas y denunció que el Ministerio Público no recibe apoyo del TSE.

“Hemos ido a revisar la investigación y está paralizada, lo único que hicieron fue una inspección ocular al Hotel Presidente y el TSE no está coadyuvando en nada, no apoya la investigación, solo responde a los requerimientos”, dijo.

90 % DE AVANCE

El mes pasado, el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, anunció que la investigación que lleva adelante por el fraude electoral ya está “casi al 90 %” y lista para la acusación formal contra los exvocales del TSE, que en la actualidad permanecen con detención preventiva en cárceles de La Paz y Cochabamba.

“Nos falta una pericia que llegue, nosotros ya estamos listos casi al 90 % para emitir una acusación formal para ir a un juicio contra los exvocales”, precisaba Cossío.

Eduardo León precisó que si las investigaciones tuvieran un 90 % de avance, ya se deberían emitido la acusación que da por concluida la investigación.

DATOS

Desde noviembre de 2019, el Ministerio Público investiga a los exvocales del TSE por delitos electorales, falsificación de documentos, uso de instrumento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, delitos de corrupción, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

En ese marco, desde noviembre de 2019, la expresidenta del TSE, María Eugenia Choque, así como los exvocales Lucy Cruz, Idelfonso Mamani y Lidia Iriarte mantienen detención preventiva en cárceles de La Paz; Édgar Gonzales permanece en un penal de Cochabamba y el exvicepresidente del Órgano Electoral, Antonio Costas, fue beneficiado con detención domiciliaria, en enero de 2020.

Un informe de auditoría a las elecciones del 20 de octubre de 2019, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció “manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral (TSE)”. El documento también señala que en los comicios anulados hubo “operaciones dolosas” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas” del 20 de octubre.

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, anunció la aparición de un “testigo clave” en el caso fraude electoral, que sería un supuesto exfuncionario y se convertiría en uno de los principales declarantes del proceso.

Funcionarios del Ministerio de Justicia, que ya prestaron su declaración informativa, demostraron y señalaron que les obligaron a imprimir actas, hacer conteos y otros aspectos que generaron que se emita la orden de aprehensión contra el exministro Arce.