El establishment se mantiene, la mayoría de las organizaciones políticas buscan promocionar liderazgos masculinos, aún sesgados por estereotipos de género discriminatorios. Si bien muchas mujeres han logrado superar los obstáculos establecidos (modelos de liderazgo, cuestionamiento permanente a sus capacidades, violencia de género, creencias y estereotipos) no debería ser motivo de alegría, que a una mujer le cueste mucho más acceder a las oportunidades que los hombres tienen, si realmente hablamos de igualdad de derechos y oportunidades.

Bolivia ha tenido dos presidentas en toda su historia, Lidia Gueiler y Jeanine Añez, ambas de manera interina. Las gobernaciones han sido manejadas por hombres, las mujeres que han ocupado este cargo, también han sido interinas. Si hablamos de la participación de la mujer en los municipios, según la elección del 2015, solo el 8% de las alcaldías están dirigidas por mujeres. Es evidente que, IDEA Internacional y el BID, no se equivocan cuando demuestran, mediante estudios que, mientras más poder, menos mujeres, a pesar de que la militancia partidaria sea equilibrada.

Sin lugar a dudas, estos datos muestran una clara desigualdad del acceso al poder político entre hombres y mujeres, pero es necesario sumergirnos en el océano para poder ver y comprender el iceberg en su volumen total. Resulta que, aunque tengamos paridad en las Asambleas, muchas asambleístas son presionadas a renunciar para que el suplente (hombre) asuma la titularidad, otras son extorsionadas y perseguidas por no seguir la línea del “partido”. A muchas se les congela ilegalmente sus salarios, son víctimas de violencia física, sexual y psicológica constantemente y, a pesar de que ellas son las víctimas, sus nombres son expuestos a la difamación y calumnia. 

Recientemente, en Potosí, una Asambleísta fue víctima de acoso y violencia política por parte de dirigentes de su mismo partido (MAS) no conformes con eso, la obligaron a renunciar a su cargo, quemaron su casa y mantuvieron de rehenes a su familia. Sin embargo, fue un hecho que no tuvo mucha repercusión en nuestra sociedad, solo se manifestaron los grupos que defienden el respeto a los derechos de las mujeres y el Ministerio de Justicia, que intervino en el caso, con asistencia legal, social y psicológica. 

Pareciera que vivimos en una sociedad tan adormecida por la indiferencia y el machismo, que recién despierta cuando hay muertas. No debemos olvidar el caso extremo y sin atención de la Concejala Juana Quispe Apaza, quien denunció abuso verbal y físico por parte del Alcalde y los Concejales del Municipio de Ancoraimes, el desenlace de esta situación se dio el 13 de marzo del 2012 cuando se encontró su cuerpo sin vida, detrás del Hospital Obrero de la ciudad de La Paz.

Este tipo de violencia es más desgarradora en el área rural, donde el orden patriarcal es más fuerte y el trabajo de las mujeres es menos valorado. Muchas mujeres son utilizadas en las listas, para cumplir con la norma y las que deciden rebelarse son castigadas. El machismo es tan ancestral que suelen difamar a las mujeres ante sus maridos o familiares, con el objetivo de que estos intercedan, mediante violencia física o psicológica para alejarlas de la vida política.

Otra vieja práctica, es utilizar la vida privada o la intimidad de las mujeres para alejarla del poder, esta práctica ha sido cobardemente actualizada a las nuevas tecnologías, es decir, mediante páginas, videos, fotos y comentarios en las redes sociales, buscan intimidar, avergonzar y calumniar a mujeres. Evidentemente, todas las mujeres en cierto punto estan expuestas a este tipo de canallada, pero las mujeres políticas aún más, ya que son personajes públicos y reconocidos en la sociedad. 

Tenemos la Ley 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” y la Ley 243 “Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres”, pero el anterior gobierno, jamás dotó de los recursos económicos necesarios para su correcta implementación, a pesar de haber vivido una bonanza extraordinaria por el precio del petróleo y pasar a administrar más del 85% del presupuesto nacional. En esas circunstancias, delegó la asignación de estos recursos a las Entidades Territoriales Autónomas, es decir a las gobernaciones y municipios, quienes sufrieron constantes recortes presupuestarios y asignación de competencias sin presupuesto. 

Nunca se trabajó en una política pública real, que sea a largo plazo y que busque consolidar una cultura de respeto a las mujeres, a su dignidad y derechos. Tampoco se tomó en cuenta la educación escolar para promocionar el respeto de los derechos humanos. Los servicios gratuitos que intervienen en la atención directa a las víctimas de violencia, fueron utilizados como pegas políticas, sin seguir parámetros o controles de calidad.

Desde la gestión 2016 se registraron 477 denuncias de acoso y violencia política (datos de ACOBOL), hasta la fecha ningún caso cuenta con sentencia, muchos fueron rechazados, otros desestimados y los que aún se encuentran en proceso, no muestran ningún avance. No es casualidad, ya que la justicia ha sido intervenida por el mismo poder político, favoreciendo y protegiendo a quienes pensaron permanecer en el poder para siempre. El órgano judicial debe sentar precendente de una vez por todas, estos actos deben ser castigados, sino seguirán repitiendose y las mujeres cada vez estaremos más lejos del ejercicio pleno de nuestros derechos políticos. 

Las mujeres no debemos esperar que nos cedan el poder, porque eso no va pasar, debemos luchar por el, con autonomía y determinación, no debemos aspirar simplemente a cargos lesgilativos, también, debemos buscar el poder ejecutivo y la conducción partidaria. No es una cuestión solo de género, es democracia lo que exigimos, ya que estamos hablando de la mitad de la población, necesitamos mujeres en el poder para hablar de una democracia real y de un país más justo.