Los diputados Edgar Rendón y Susana Campos  explican que esta empresa por un lado obtiene contratos con el Estado y al mismo tiempo  realiza encuestas electorales en las que arregla datos para favorecer a los candidatos del gobierno de turno y alguno de la oposición, en una suerte de manipulación datos de la opinión pública.

La denuncia está dirigida contra los expresidentes Oscar Barriga Arteaga de la gestión del MAS, y los del actual gobierno José Luis Rivero Sandóval, Hernán Soliz y Richard Botello por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por haber contratado de manera directa vía la subsidiaria YPFB-Transporte a Equipos Mori.

Amplían la denuncia contra el representante de Equipos Mori, José Luis G. y también contra los ahora representantes de CIEMCORP S.R.L o CIESMORI,  por haber presuntamente incurrido en el delito de contratos lesivos al Estado perjudiciales a la economía nacional.

Citan el primer contrato del 3 de diciembre de 2018 por 230.000 dólares para diseñar un plan de comunicación estratégica. El segundo del 19 de agosto de 2019 por 450.000 dólares para “asesoría, acompañamiento y seguimiento e implementación de la estrategia en un plazo de 142 días pagados por la subsidiaria YPFB-Transporte. El tercero del 11 de octubre de 2019, por 272.080 dólares sobre una consultoría de 168 días para implementar un plan de comunicación digital de YPFB a través de la empresa YPFB-Transierra.

Señalan que en total el Estado ha pagado a Equipos Mori,  952.080 dólares producto de un contrato por excepción, cuando por mandato de  la Ley 1178 y el Decreto Supremo Nº 181, debió convocarse a una licitación pública nacional. 

Manifiestan que YPFB optó por la modalidad de invitación directa que se aplica solo a casos de necesidad pública y cuando no exista más de un proponente; opciones que sin embargo no se ajustaban a Equipos MORI, porque en el mercado nacional hay más de 20 empresas dedicadas al mismo rubro. Admiten que la contratación directa aplica solo a medios de comunicación pero no a agencias publicitarias.

“Todos estos antecedentes demuestran que Equipos Mori S.R.L., fue beneficiada en forma ilegal con los tres contratos de adjudicación directa bajo pleno conocimiento de las máximas autoridades de YPFB, quienes ordenaron a las empresas subsidiarias para que contraten a Equipos MORI S.R.L. en forma directa y excepcional, violando  la Ley SAFCO”, dice una parte del memorial.

Indican que el representante de Equipos Mori pretendió explicar esta denuncia, señalando que se tratan de dos empresas distintas, con personalidad jurídica diferente e independiente una de la otra. La empresa CIESMORI, también denominada CIEMCORP S.R.L., es la empresa que realiza encuestas de opinión pública en el país. Equipos Mori S.R.L. es una empresa diferente de CIESMORI, dice el  memorial atribuyendo esa versión a un ejecutivo de Mori.

Para los denunciantes se tratan de empresas relacionadas pero apelan a personerías jurídicas distintas para salir ilesas ante cualquier irregularidad, según el memorial del pasado 24 de julio.

Aseguran que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha investigado a este tipo de empresas paralelas que se conforman con fines de enriquecimiento ilícito, buscando participar de diferentes proyectos del Estado y ocultando su relación interna en diferentes actuaciones, pero en el fondo creen que  podría haber una figura de legitimación de ganancias ilícitas.