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Los mineros cooperativistas, transportistas del servicio público, gremiales, Artesanos y la Central Obrera Departamental de dos regiones, no acatarán las medidas de presión asumidas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad afines MAS que se desarrollarán a partir del lunes 3 de agosto, en demanda de que se mantenga el 6 de septiembre como la fecha para las elecciones generales y no así el 18 de octubre, como definió el Órgano Electoral.

El representante de los cooperativistas mineros de Huanuni, Porfirio Mamani, señaló que no permitirán que se ejecuten las medidas de presión por parte de las organizaciones afines al MAS, porque la crisis que vive el país se debe combatir con trabajo.

«Los compañeros cooperativistas en resistencia no vamos a permitir que hayan bloqueos, marchas o paro indefinido; la COB dirigida por Juan Carlos Huarachi no defiende los intereses de los trabajadores. En Bolivia se necesita trabajar para reactivar nuestra economía que fue afectada por esa pandemia», señaló el trabajador minero.

En ese marco, el Secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales, Francisco Figueroa, advirtió que ese sector no se participará en los bloqueos de carreteras ni paralizarán sus actividades comerciales.

Además calificó la convocatoria de la COB como un berrinche político y enfatizó que en tiempos de pandemia lo que se debe hacer es cuidar la salud de la población, generar recursos y no convocar a medidas de presión que exigen elecciones.

Tras la movilización del Pacto de Unidad y la COB, se definió el inicio de una huelga general indefinida con bloqueo de carreteras, exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que mantenga la fecha de las elecciones del 6 de septiembre.

El ente matriz emitió una circular donde instruye a todos los sectores afiliados, a coordinar las medidas de presión en cada departamento. Además de establecer mecanismos para evitar la circulación de los vehículos y el ingreso de alimentos a las áreas urbanas.

Artesanos y Fejuve
  
Mario Salmón, dirigente de la Central Única de Artesanos de La Paz y El Alto, señaló que su sector fue seriamente afectado por la paralización de las actividades culturales. Por lo tanto, descartaron acatar la determinación de la COB.

El Concejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas (COFECAY) tampoco acatará las medidas de presión, porque la convocatoria de la COB no fue consensuada con ese sector.El representante de los cooperativistas mineros de Huanuni, Porfirio Mamani, señaló que no permitirán que se ejecuten las medidas de presión por parte de las organizaciones afines al MAS. (Foto: ALP)

Su dirigente, Nelly Terrazas, sostuvo que el cierre las carreteras provocará pérdidas económicas a su sector, por lo que no permitirán el bloqueo de las vías.

Por otra parte, en El Alto existen tres Federaciones de juntas vecinales, dos de ellas expresaron su rechazo a esa medida, mientras que la facción de Basilio Villasante determinó sumarse a la protesta convocada por la COB.

Fernando Condori, dirigente de una de las Fejuve que rechazó la movilización, explicó que  las organizaciones sociales de esa urbe determinaron que no se sumarán a los bloqueos, puesto que sus afiliados están más preocupados de generar recursos económicos y el bienestar de su salud.

Potosí y Chuquisaca

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) Potosí, Heriberto Echavarría, aseguró que no convocará a sus bases a ninguna movilización ni bloqueo de caminos.

«Lo he estado diciendo en reiteradas ocasiones, primero hay que pensar en la salud, hoy estamos en una situación crítica y debemos pensar en la vida antes de considerar cuestiones políticas partidarias», sostuvo.

Mientras que su par de la COD de Chuquisaca, Carlos Salazar, calificó como «irresponsables» a quienes convocaron a movilizaciones en plena pandemia e indicó que las medidas de protesta contra la postergación de las elecciones son de alto riesgo de contagio.

Además denunció que funcionarios públicos de diferentes reparticiones, que aún maneja el MAS, son obligados a participar de las medidas de protesta. «Se está obligando a trabajadores públicos a sumarse a las marchas y esto es bastante preocupante», enfatizó.