Las múltiples crisis que se viven con la pandemia han llevado a que nuevamente se propusieran a los extractivismos, sea en minería, hidrocarburos o monocultivos, como solución. Sin embargo, es precisamente Bolivia la que ofrece impactantes ejemplos de los riesgos de esa adicción extractivista. Una mirada al pasado más reciente lo deja en claro.

En efecto, una reciente revisión de lo que ocurrió entre 2006 y 2019, complementada con datos de los países vecinos, dejó en claro que los extractivismos se aplicaron violando todo tipo de derechos y bajo una creciente violencia. 

Esos son los resultados de un estudio que, por varias razones, es el primero de su tipo en América Latina. A diferencia de muchos otros abordajes, aquí se consideraron al mismo tiempo las vinculaciones entre extractivismos, derechos y violencia. Partiendo del gran abanico de derechos reconocidos en la CPE, se seleccionaron 20 de ellos por estar enfocados en cuestiones directamente vinculadas con la calidad de vida y el ambiente, y por ello de relevancia ante los extractivismos. 

Incluye aquellos que aseguran el agua o la salud, la autonomía y autogobierno indígena para gestionar los recursos naturales en sus territorios, un ambiente sano y protegido, y las libertades y garantías esenciales para proteger todo eso. Al examinar la situación boliviana se encontró que todos esos veinte derechos son violados en los extractivismos en hidrocarburos, 18 en aquellos que son mineros, y 11 en los agropecuarios. Alrededor de las infraestructuras de apoyo que necesitan los extractivismos se han incumplido al menos 16 derechos. 

Reordenando esos derechos de la CPE, e incorporando aquellos que derivan de convenios internacionales y los derechos de la Naturaleza (tomando como ejemplo a Ecuador),  se llega a un nuevo total: 32. La situación se repite: todos esos derechos son violados en los extractivismos mineros, 30 en emprendimientos en hidrocarburos, y 28 para los agropecuarios. Es una dramática constatación: no existe ningún tipo de extractivismo donde no se haya violado algún derecho. Del mismo modo, en todos esos tipos de extractivismos aparece algún tipo de violencia.

Estos hallazgos se basan en una revisión de 20 casos, la mayor parte de ellos provistos por los propios afectados organizados en Alianza por los Derechos Humanos y el Ambiente que nuclea unas 50 organizaciones (desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos a grupos locales en todo el país). 

Esa evaluación, junto a muchos otros datos complementarios acaba de publicarse en el libro Derechos y violencias en los extractivismos, que compartí con Oscar Campanini y Marco Gandarillas, a cargo de la editorial La Libre de Cochabamba.

Extrahecciones

La revisión aplicó un nuevo concepto: extrahecciones. El término se deriva del latín extraher, y significa arrancar con violencia. Teniendo eso presente, las extrahecciones son los extractivismos que ocurren incumpliendo los derechos de las personas y de la Naturaleza y que se llevan adelante con violencia.

Las diferentes situaciones muestran la gravedad de la extrahecciones, como sucede en la cuenca del Lago Poopó, ya que esa contaminación viola todos los derechos a la salud y calidad de vida. Otros incumplimientos son insidiosos, y avanzan poco a poco, como son los recortes sobre las áreas protegidas, permitiendo que ingresen los extractivismos. 

Hay ejemplos en todas las escalas geográficas, desde acotados como ocurre con la invasión minera en el área protegida de Apolobamba, pasando por los planes de construir represas como El Bala, con un embalse de más de 70 mil hectáreas, llegando al estimado de 5 a 6 millones de hectáreas quemadas en 2019, resultando en una gravísima ruptura de los derechos de la Naturaleza. 

La situación se agrava todavía más, porque en paralelo a los impactos de los enclaves extractivos también se violan los derechos de las personas que denuncian esas situaciones o defienden la salud y el ambiente. Son los casos de la represión a las protestas locales o los hostigamientos a líderes ciudadanos, muchos de ellos mujeres, que exigen el cumplimiento de derechos constitucionales.

La violencia siempre está presente y en ello cristalizan las extrahecciones. Existe una violencia física, como ocurre cuando se le da una golpiza a un comunario que defiende su territorio, pero también las hay sociales, religiosas o psicológicas, tal como la define la Organización Mundial de la Salud al incluir las afectaciones en la salud, bienestar psicológico o desarrollo personal. 

Los incumplimientos en el marco de derechos están íntimamente asociados a la violencia, y ésta se agudiza a medida que se incumplen los derechos. Comienza, por ejemplo, negando el acceso a la información o la participación, lo que es tolerado por muchos y denunciado por pocos.

 Esa impunidad permite pasar a violaciones más agudas, y así sucesivamente. Siguen, pongamos por caso, el hostigamiento de las organizaciones ciudadanas, y luego la criminalización de personas o grupos. Y así se llega a extremos como la represión, como padecieron los marchistas del TIPNIS, o incluso los asesinatos de militantes que denuncian los extractivismos, un drama que acosa sobre todo a Colombia y Brasil. 

Estas extrahecciones golpean sobre todo a comunidades campesinas e indígenas. 

El nuevo libro es el primer estudio detallado que se hace sobre las extrahecciones en América Latina. Describe cómo se ha aceptado y naturalizado que la apropiación de los recursos naturales se haga con violencia e incumpliendo derechos. 

Bolivia muestra que esos nos son casos aislados, sino que es una condición repetida: se recortan y debilitan las salvaguardas de derechos para imponer extractivismos que de otro modo serían inaceptables. Y si la población se resiste, se aplica la violencia para acallarla. Las extrahecciones, en suma, expresan el debilitamiento de la justicia y una democracia incompleta. Eso es lo que ha sucedido en el pasado reciente de Bolivia.