Resulta inconcebible que el Órgano Legislativo impida la asistencia para salud y que frene los esfuerzos para mitigar en algo las necesidades económicas de la población.

Recordemos que más mil millones de dólares en créditos de organismos internacionales destinados a ayudar a Bolivia a salir de la crisis del coronavirus se encuentran bloqueados por la Asamblea Legislativa. Un informe conjunto de dos agencias regionales de la ONU señala que la salud es primero, porque, además de un derecho humano, es uno de los pilares económicos. «No hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada, y no hay reactivación posible sin un plan claro para evitar el repunte de los contagios», advierten tanto la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el estudio conjunto.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, explicó en conferencia de prensa virtual, que el coronavirus puso de manifiesto la relación estructural que existe entre la economía y la salud, evidenciando las debilidades de los sistemas sanitarios de la región, que están fragmentados y segmentados. Para nadie es un secreto que en Bolivia se ha descuidado a la salud por lo menos en los últimos 14 años. En esa línea, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, sostiene que las deficiencias estructurales del sector sanitario en América Latina y el Caribe son el resultado de falta de inversión pública durante las últimas décadas.

«Ahora encaramos un reto casi imposible: las economías se han contraído impactando las inversiones en salud y servicios sociales en el futuro previsible, pero al mismo tiempo se precisa un financiamiento adicional significativo para controlar la pandemia y recuperar las pérdidas en salud pública, mejorar la protección social y, con ello, sostener la recuperación económica», propone la OPS. El estudio alerta sobre el riesgo de que América Latina caiga en un círculo vicioso si no se fortalecen los sistemas de salud, señalando que la crisis sanitaria puede convertirse en una crisis alimentaria lo que, a su vez, haría más vulnerable la salud y colapsaría los servicios médicos.

La CEPAL a su vez, reitera que para controlar la pandemia deben mantenerse las medidas que incluyen el confinamiento y el distanciamiento físico, pero la población, especialmente la más pobre, solamente podrá resistir esta disminución de la actividad económica si recibe ayudas de su gobierno. El actual gobierno de transición, ha propuesto ayuda y asistencia a los sectores más vulnerables, pero los recursos para cumplir este objetivo están bloqueados por la Asamblea Legislativa. La CEPAL y la OPS han identificado a las personas mayores, los trabajadores informales, las mujeres, los pueblos indígenas y afro descendientes, las personas con discapacidades y los migrantes como los grupos más vulnerables en esta pandemia, por lo que llamaron a extenderles asistencia y protección social mediante un ingreso básico y un bono contra el hambre. Del mismo modo, recalcaron la necesidad de apoyar a los sectores de ingresos medios y medios bajos con provisiones como la ampliación de los plazos de gracia para el pago de deudas.

Sin duda los países que sigan esas líneas de acción saldrán de la crisis en mejores condiciones que Bolivia, donde la controversia política se antepone al interés colectivo y hasta por encima de la salud, la vida y la economía.

Con excepción de las organizaciones afines al MAS, no existe una entidad o agrupación que esté de acuerdo con bloquear la economía y retener los recursos para combatir la epidemia, como es evitar que se asigne a salud el 10% del presupuesto general del Estado. Mientras tanto, los contagios del coronavirus se han descontrolado, la cantidad de enfermos y muertes ha llegado a cifras nunca antes presentadas, y sin embargo hay grupos que alientan la confrontación y generan actos proclives a masivos contagios. Los pronunciamientos de diversas entidades representativas, organizaciones sociales, ciudadanos, colegios de profesionales consideran que el bloqueo económico es un intento de «genocidio» que debe ser puesto a disposición de la justicia, para que los responsables asuman las consecuencias. Estas mismas entidades por separado y en varias ocasiones, han pedido el cierre inmediato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se prorrogo inconstitucionalmente a través de cuatro personas del TCP, lo cual es inadmisible y provoca la repulsa de la mayoría de los bolivianos.