Paralelamente, sectores sociales afines al MAS ya comenzaron su dinámica de protesta y convulsión social con el mismo objetivo. 

Por la vía constitucional, el MAS intenta bloquear que el TSE emita un fallo en contra de ese partido, porque presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 136 de la Ley Electoral, donde se establece que puede perder la personería jurídica el partido cuyos miembros divulguen encuestas propias. 

Según esa estrategia, la sola aceptación de la demanda puede anular cualquier acción, en tanto no sea emitido el fallo del Tribunal Constitucional. Empero, oponentes a este partido creen que esa es un arma muy peligrosa.

El candidato a presidente por el MAS, Luis Arce, en una entrevista con Abya Yala habló de las encuestas encargadas por su partido. Por una circunstancia similar, hace cinco años, el Órgano Electoral definió, en Beni, la suspensión de la candidatura de Ernesto Suárez y de 227 postulantes porque el jefe de campaña Carmelo Lenz difundió resultados de encuestas internas. 

La secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, fue la encargada de dar a conocer la otra estrategia, la callejera. Ella dice que las movilizaciones de esta semana son solamente el inicio de lo que denomina “defensa de la democracia, de nuestros derechos constitucionales”. 

Un cabildo definió paro general y bloqueo de caminos en demanda de elecciones el 6 de septiembre, desde el lunes.

El dirigente de los cocaleros de Chapare, Andrónico Rodríguez, adelantó que su partido no busca solamente impedir la postergación de las elecciones. “Para nosotros el tema de fondo es impedir que nos dejen sin personería”, manifestó.

Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación de Mineros, adelantó que “se pondrá fea la cosa”. Para él, habrá una “reacción natural de la gente” para defender el instrumento político .

Ante la posibilidad de perder la personería, consideró que el MAS es mucho más que una sigla política. “Sería como robarle su certificado de nacimiento al pueblo”, dijo Gutiérrez.

Por ello, aunque prefiere no adelantarse, alertó que “nadie quiere un escenario nefasto, nosotros reclamamos un derecho constitucional que es el derecho al voto, y que tengamos un Gobierno democráticamente elegido”. Sin embargo, subrayó que ese “escenario nefasto” es posible, porque “el pueblo es contestatario”.

El dirigente advirtió que la lucha clave será porque el MAS esté en la papeleta electoral. “Ahora, si no gana en elecciones, lo respetaremos”. 

A su vez, el dirigente de los Ponchos Rojos, Pedro Lucana, dijo que este es solamente el inicio. "Yo creo que las cosas van a empeorar”, dijo y reveló que si el MAS pierde su personería, “se arma la guerra civil, no lo dude. Además del bloqueo de caminos y cierre total de todas las ciudades van a cortar el agua, servicios y todo lo que se pueda”, añadió.

Intentar sacar del juego al instrumento político, será un “error garrafal, esta vez las pititas no van a salir, porque sabemos muy bien que lo harán los militares, incluso tenemos información de que están dispuestos a entregar el gobierno a las FFAA”, manifestó.

Para el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, lo que está en debate es un asunto legal. “Nadie, ningún individuo, está al margen de la ley, entonces el TSE verá qué corresponde. Los únicos escenarios posibles son dos, que se acepte o se rechace la demanda”. 

Paz prefirió no adelantar criterio sobre la reacción del MAS y señaló que “el Órgano Electoral debe decidir sin presiones”.

Lo que sí reclamó es que “el país debe tener la convicción democrática de que la renovación de nuestras autoridades se resuelva en la vía electoral”. 

En opinión de Paz, el partido de Evo Morales tiene una actitud dual, pues “usa la democracia y sus herramientas solamente cuando le conviene. Cuando no, recurre a mecanismos a la violencia”.

Por su parte, Zvonko Matkovic Ribera, de Creemos, fue más allá y consideró que el país sigue rehén del partido de Evo Morales, porque el Gobierno de Jeanine Áñez no ha desmontado la maquinaria del fraude. 

“No se tomaron las medidas que debieron tomarse, ni siquiera avanzó el proceso con respecto a ese tema. Al verse impunes, aprovechan la oportunidad, primero de forzar elecciones sin un padrón saneado, sin cambiar los notarios, sin revisar el peso de las circunscripciones”, expresó Matkovic.

"Por eso es que el MAS se rearticula, nos tiene sometidos a sus chantajes y ahora amenazan con guerra civil”, añadió. Sin embargo, garantizó que ante eso, hay que hacer cumplir la ley, sacar a la Policía y a las FFAA. “Lo que me preocupa es el TSE, su forma de actuar levanta muchas sospechas, como otros partidos políticos. Por la difusión de encuestas de Arce sólo nos manifestamos nosotros, Juntos no lo hizo como partido, sí sus candidatos. Carlos Mesa tampoco”, dijo Zvonko Matkovic.

Le parece inaudito que cuando todo está servido, no haya contundencia para dejar fuera a un partido político que hizo fraude. Además, reiteró que Creemos apoya que el TSE deba analizar la fecha. “En qué se basan para fijar la fecha de las elecciones en octubre, no tengo la más mínima idea. Pero una vez más, siguen haciendo lo que les da la gana. El tema sanitario y la voluntad de un pueblo que quiere respeto a su voto, otra vez están relegados”, acotó.

Para el dirigente de Juntos, Edwin Herrera, la estrategia del MAS es evidente, pero añadió que busca “convulsionar y contagiar”. Es decir, que con sus acciones halló la posibilidad de generar más muertos por el contagio del coronavirus, es un doble objetivo, “muy peligroso”. 

Herrera siguió: “El año pasado intentaron asfixiar a las ciudades, ahora buscan contagios masivos, ese es su nivel de desesperación. Con las amenazas de guerra civil, el MAS expresa el grado de beligerancia”. 

Herrera cree que el MAS tiene un plan para generar una convulsión, unida al contagio masivo, además del chantaje y bloqueo. Consideró que si el TSE anula la personería jurídica, “el Gobierno tendrá que garantizar la seguridad, como manda la CPE, puede usar el uso de la fuerza pública en esos marcos”.

Lo jurídico

La estrategia del MAS, en lo jurídico, se basa en la presentación de una acción concreta y otra abstracta de inconstitucionalidad, ante el TCP y el TSE contra del artículo 136 de la ley 26 de Régimen Electoral, que señala que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica…”. 

El dirigente de Libre 21, que postula a Jorge Quiroga, y abogado constitucionalista Luis Vásquez, recordó que la Ley 26 fue promulgada y firmada por Evo Morales y Luis Arce. 

“La ley que hoy el MAS cuestiona como inconstitucional, fue aprobada por su bancada y promulgada por el expresidente y el candidato”, manifestó.

Si el argumento es correcto y la ley fuera inconstitucional, entonces proclama que Morales y Arce “cometieron el delito de resoluciones contrarias a la CPE, sancionado por el Código Penal, y le da una pena de hasta 10 años de cárcel”.

Complementó que para salvarse de la sanción del TSE, “el MAS confiesa que cometió un delito estipulado en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Si pierden el recurso, pierden la personería y candidatura, pero si ganan, proclaman un delito”.

Para el abogado y analista Iván Lima, “no existe riesgo alguno de que el MAS pierda su personalidad jurídica. Hasta que el TCP emita un veredicto, el TSE no puede lanzar ninguna resolución y la jurisprudencia no aplica, porque hace cinco años UD Beni equivocó el camino de defensa. Planteó amparos constitucionales para defenderse y fueron rechazados”, dijo.

La acción abstracta fue presentada por una senadora del MAS, en Chuquisaca, y por el abogado del MAS, Wilfredo Chávez, ante el TSE, la concreta. 

“Claramente el objetivo es lograr una medida cautelar que tiene dos componentes. Que el TCP garantice que no habrá persecución sobre ningún funcionario del MAS, y lo otro que suspenda, bloquee que el TSE emita sentencia, hasta que la instancia constitucional defina”, advirtió Vásquez.

Eso es factible siempre que el TCP acepte dar la medida cautelar, y lo otro, que lo haga rápido. “Normalmente demora tres o cuatro meses. Si se concede el pedido, yo sospecharé de parcialización, y concluir que los integrantes de la comisión de admisión son masistas”, dijo el analista.

La acción concreta se presentó ante el TSE por el propio Arce, a través de su abogado Chávez, y plantea la acción de inconstitucionalidad. En este caso, el candidato denuncia que lo quieren privar de su derecho a ser candidato. 

A partir de ello, pide que el Órgano Electoral se pronuncie, acepte o rechace. En cualquier caso, debe remitir esa decisión en consulta al TCP. “Es un puente de paso, el objetivo es suspender su competencia para sentenciar a Arce. Si es que accede a la petición del MAS, será muy notorio el favorecimiento. Eso no debe dejar dormir a Salvador Romero”, concluye Vásquez Villamor.

Por su parte, Ricardo Paz consideró que la posible pérdida de personería jurídica del MAS es un asunto jurisdiccional que está en el ámbito del TSE y solamente esa instancia es la que debe “aquilatar todas las pruebas y los descargos al respecto, y tomar la mejor decisión apegados a la ley”.

Zvonko Matkovic, por su parte, desde la vereda de la alianza que dirige Luis Fernando Camacho, dijo que quien debe emitir un fallo es el TSE sobre el delito electoral que cometió Arce Catacora al difundir encuestas y ninguna otra instancia.

Herrera comentó que el MAS hace intentos desesperados para que el Órgano Electoral borre con el codo lo que escribió con la mano, “y buscan bloquear la competencia de esa instancia con argucias jurídicas. Eso, complementado con la beligerancia y la búsqueda de más muertos por contagios”.