Estamos en un tiempo de expectación que mueve el interés colectivo, aún de las personas más renuentes al cumplimiento de normas y al ejercicio de las mismas para alcanzar el objetivo de los deberes ciudadanos que abren la posibilidad de vivir en un estado de derecho en el que la alternancia sea elemento ineludible de respeto a la renovación de autoridades en todas las instancias.

Naturalmente que las condiciones no siempre son las más propicias para que en todos los países, especialmente los que se definen como demócratas, sea posible que las fuerzas políticas puedan alternar en la conducción de la nave estatal, por supuesto cumpliendo las reglas elementales de respeto, libertad e independencia, debido a factores adversos que alteran los lineamientos de rectitud que son parte insoslayable de la práctica democrática.

En el caso particular de los preparativos para elecciones venideras, por una parte con la búsqueda de nuevos magistrados de los altos tribunales de justicia, lo que sucederá en diciembre próximo y que se trata de un proceso "casi calcado" del anterior que resultó un fracaso, se quiere cambiar personas, pero en opinión de la colectividad, no se admite el libre juego de participación ciudadana con los derechos de elegir o no a ciertos candidatos, lo que constituye una vulneración del derecho civil a votar por el sí o hacerlo por el no, ésta última instancia por el medio del voto blanco, que es muestra de rechazo ciudadano.

Más adelante se pondrá en marcha el año electoral con miras a la elección de un nuevo gobierno nacional, esperándose que para ese fin se cumplan las disposiciones vigentes en la Constitución Política del Estado que ha sido aprobada por la instancia democrática que alentó y desarrolló el partido en actual función. Lo que rechazan algunas fuerzas políticas alineadas en una eventual oposición, es que no se alargue un proceso de mando que liquida el derecho de la ciudadanía a una opción de alternancia gubernamental, abriendo las posibilidades a otras instancias político ideológicas que desean poner en práctica opciones de una mayor participación ciudadana en la conducción del aparato estatal, buscando enmendar y cambiar los aspectos que por su repetición en un largo tiempo de gobernabilidad se han vuelto lesivos a los derechos ciudadanos de una gran parte de la comunidad.

Los bolivianos estamos ante un desafío conciencial, es decir que aquellos derechos que se defienden intransigentemente y que son parte de la práctica de una democracia participativa, aparecen limitados en unos casos y restrictivos en otros, cuando se quiere imponer reglas que están fuera de la Constitución y que por dar paso a esa práctica se pone en riesgo todo un largo proceso que le costó al mismo pueblo recuperarlo, tras un largo periodo de afrenta directa a la democracia, cuyos valores fueron conculcados por regímenes totalitarios.