La resolución del conflicto por el megacampo gasífero Incahuasi pasa por una voluntad política del Gobierno, que ignoró los reclamos de Chuquisaca para favorecer a Santa Cruz con un cuestionado proceso de conciliación de límites.

CORREO DEL SUR llevó a cabo ayer un panel con miembros de la Comisión técnico-jurídica de Defensa de Incahuasi. Aquí algunas consideraciones del debate que tendrá su ampliación en una próxima edición.

El ex senador Fernando Rodríguez recordó que a Chuquisaca le fue bien por la vía legal y ese debería seguir siendo el camino.

Una de las preguntas que respondieron los panelistas estuvo referida a qué hacer para que el conflicto vaya por un cauce racional y no termine en desastre.

"Por la vía de la confrontación no nos ha ido bien porque no tenemos el músculo para soportar un tema de esta naturaleza. El más débil siempre tiene que buscar la vía judicial, porque si el más débil se agarra a puñetes con el más fuerte va a perder", dijo como sugerencia después de todo lo vivido hasta ahora con el paro cívico indefinido.

Agregó que la capacidad de movilización tiene que ser compatible con la capacidad de negociación y resolución de conflicto, lo que no se ha dado.

Para el abogado Germán Gutiérrez, Chuquisaca asumió una estrategia de lucha enmarcada en los mecanismos que permite la democracia.

Recordó que en este tiempo la región no renunció a ningún espacio de diálogo y consenso, prueba de ello son las reiteradas notas del gobernador Esteban Urquizu a su homólogo cruceño Rubén Costas para conversar sobre el tema, aunque sin éxito.

Además consta que Chuquisaca también se abrió al diálogo con el Gobierno en Cochabamba, pero tampoco se pudo llegar a un acuerdo.

Gutiérrez señaló que el diálogo puede darse igual en otros ámbitos como en los tribunales de justicia. "Como no hemos podido dialogar en estos escenarios que los hemos pedido de la manera más humilde, ahora estamos activando los escenarios de los tribunales, donde también se puede dialogar", subrayó.

Destacó la cohesión social en torno a la problemática de Incahuasi, sin embargo cree que llegó la hora de un cambio en la estrategia de las movilizaciones para presionar al Gobierno de otra manera.

"La razón táctica para ese cambio de estrategia es porque al Gobierno no le interesa que estemos en paro, podemos morirnos en Sucre, podemos cortarnos las venas, el Gobierno parece que tiene una comprensión diferente de que tiene que afectarle un paro a sus intereses para que podamos ser atendidos", remarcó.

El también abogado Mario Linares, por su lado, coincidió en que un camino de solución es la vía judicial, pero remarcó que tampoco se deben abandonar las demás medidas de hecho.

"Con eso no vamos a levantar las manos, felices, diciendo que 'aquí ya se fue a la judicialización y con eso ya estamos arreglados'. No va a ocurrir eso, conociendo además que el sistema judicial no es un sistema independiente (...). Entonces yo creo que lo que corresponde es que se siga acompañando no con la misma presión que ha tomado fuerza hoy, sino con otra estrategia", sugirió.

Además, la gente ya está cansada de las medidas de presión sin el efecto esperado, agregó.

El secretario Departamental Jurídico de la Gobernación, Armin Cortez, a su vez, sostuvo que las medidas de presión llegaron a un punto alto en Macharetí, donde el bloqueo fue intervenido violentamente por la Policía, dejando heridos y detenidos.

Pidió dejar de incentivar los ánimos caldeados de la gente, pues "el hecho de reforzar las medidas de presión también implica una reacción en la misma dimensión", lo que conllevaría lamentables consecuencias.

"Más allá de que nuestro reclamo sea justo, tampoco podemos poner en riesgo la vida de cada uno de los ciudadanos que en este momento masivamente están participando (en las medidas de presión); son estudiantes universitarios, son madres de familia", reflexionó.

Cortez expresó que la Gobernación apoya el sentimiento de la población, por eso se puso en frente de su misma estructura política a nivel nacional para reclamar por Incahuasi.

"Para nosotros sería fácil volcarse a favor del Departamento en el bloqueo, ganas popularidad, no generas rencor. Pero no se soluciona nada con eso, simplemente una percepción personal de coyuntura de que estás con tu pueblo, pero eso no es suficiente para solucionar el conflicto", dijo.

"GOBIERNO NO CAMBIARÁ DE POSICIÓN"

La Gobernación de Chuquisaca señala que por más radicales que sean las medidas de presión, el Órgano Ejecutivo no cambiará su posición respecto al tema de límites.

"Estamos conscientes que el nivel central del Estado no va a modificar su decisión sobre la resolución ministerial 090, no va a derogar o abrogar la ley de Delimitación 1054. En ese sentido hay que buscar salidas y vemos que la legal es la más correcta", refirió.

Ponderó que esta postura ya no sólo es de la Gobernación, sino que ahora "existe ya una cohesión de diferentes actores colegiados del Departamento que están coadyuvando en la presentación no sólo del recurso de amparo constitucional (contra la resolución 090) sino de otros más que van a permitir tener una resolución favorable para Chuquisaca", remarcó.

PARCIALIZACIÓN DE AUTONOMÍAS

El Secretario Jurídico del Departamento reiteró su denuncia: por lo menos en el proceso de conciliación administrativa de límites, el Viceministerio de Autonomías actuó con una clara parcialización a favor de Santa Cruz.

"Sin temor a equivocarme y sin temor a que se molesten yo sí puedo establecer con absoluta claridad de que en el proceso de conciliación lamentablemente no ha habido un proceso en el cual se haya respetado el principio de igualdad de partes, por el contrario yo creo que ha habido una autoridad que ha actuado de forma parcial en favor de una de las partes", sostuvo.

Agregó que el perjuicio también es para Santa Cruz, pues con las acciones legales que activará Chuquisaca se dilatará más la resolución definitiva del conflicto, que ya podría estar zanjado.

"No simplemente se vulneró el derecho de Chuquisaca de poder determinar sus límites sino a Santa Cruz. Si la autoridad conciliadora hubiera aplicado correctamente el procedimiento administrativo establecido en la Ley 339 y su decreto reglamentario, en este momento ambos departamentos posiblemente ya hubiéramos concluido el proceso de delimitación y demarcación y consiguientemente nos hubiésemos evitado estas situaciones de carácter social que están perjudicando.

El ahora ex viceministro de Autonomías Hugo Siles estuvo al frente del proceso y es acusado por dirigentes y autoridades de Chuquisaca y Santa Cruz –con argumentos diferentes– de haber provocado el conflicto con resoluciones contradictorias.

Chuquisaca reclama el megacampo gasífero como compartido con Santa Cruz. Un primer estudio, realizado sobre la base de límites referenciales determinó que pertenece en su totalidad a Santa Cruz, lo que el Departamento impugnó ante la justicia obteniendo un fallo favorable que ordenó un segundo estudio en curso, aunque también observado porque se realiza con los mismos límites. La aprobación de una Ley de Delimitación con Santa Cruz llevó el reclamo chuquisaqueño a las medidas de presión; rige un paro cívico indefinido desde el mediodía del lunes 30 de abril.