Sin duda la ley electoral es severa, pero fueron los propios legisladores de Evo Morales quienes no solo la aprobaron, sino también la utilizaron para inhabilitar a Ernesto Suarez y a sus candidatos en el Beni, fue una sanción draconiana cuya relevancia tiene que ver más con la severidad de la norma, que con la gravedad de los hechos. Sin embargo esas son las reglas que aceptaron todos y ese es el marco al que debe ceñir sus actuaciones el Órgano Electoral, así como ocurre con varias disposiciones que son también cuestionables, pero que a la vez se encuentran en vigencia y su acatamiento es inexcusable y hacen parte de las obligaciones electorales. Arce Catacora cometió una transgresión que está penada y la misma tiene consecuencias, por eso sorprenden los argumentos de políticos como Juan del Granado, Ronald MacLean o Luis Eduardo Siles, en sentido de que se debería dar un tratamiento especial a este caso y hacer una excepción en la aplicación de la norma, porque se trataría del M.A.S, que es una organización dispuesta a convulsionar el País y que por ese motivo se debería esperar derrotarla en las urnas, pese a estas afirmaciones también opinan al examinar los hechos, que es incuestionable la comisión de la referida falta. Ante esa lógica surgen varias preguntas, sí los vocales otorgan un trato diferenciado en este caso, no estaríamos entonces ante un favorecimiento ilegal, al incurrir en tratos de privilegio e impunidad, tal irregularidad no sería acaso una variante de fraude electoral, donde unos son claramente beneficiados y otros abiertamente perjudicados, plantear que no se observe una norma en materia electoral, no es en consecuencia argumentar a favor de la ilegalidad. Por otro lado, el razonamiento de que es válida cualquier concesión, a fin de evitar la convulsión social y la violencia política, resulta negar la esencia del derecho y la necesidad de orden y justicia, porque se estaría dando la señal de que las acciones de hecho y la rebeldía contra la ley, son suficientes para torcer las decisiones de los tribunales y obtener impunidad, de forma que las amenazas de unos dirigentes, tendrían mayor valor que los derechos de los votantes. Tal incongruencia e incluso inversión de valores, resulta demasiado curiosa en cuanto a sus motivaciones, esperemos que tales opiniones sean bien intencionadas y no existan otros intereses de por medio, lo que desea la gente es que haya una elección imparcial, donde los votos sean respetados y tengamos un resultado genuino, sin favorecidos ni perjudicados, por malas artes o arbitrariedades, sin coacciones ni abusos, no solo para que sean electos los vencedores, sino también para que un gobierno legítimo comience a reconstruir la institucionalidad que se perdió y los valores que sirven para sostenerla. Nadie puede estar al margen de la ley, el autoritarismo es precisamente eso, las leyes en esencia son para proteger a los débiles de los poderosos, son límites donde no deben haber odiosas excepciones, no entender esto es abrir las puertas a la barbarie y resolver los problemas con garrotes y piedras, puede que no toda ley sea justa, pero también es cierto que no existe justicia posible, sin medir a todos con la misma vara.