Postergación de comicios. La responsabilidad del organismo electoral de postergar las elecciones para el 18 de octubre, asumida la semana pasada, se sustenta en la aguda crisis sanitaria que atraviesa el país.
Al respecto, debemos recordar que las elecciones previstas para el 3 de mayo se prorrogaron fundamentalmente “en consideración a la situación de emergencia sanitaria y las medidas estatales de prevención y atención, derivadas de la pandemia del Coronavirus (COVID-19)” (Ley 1297, 2 mayo 2020, Artículo 1°). En aquella oportunidad nuestro país tenía registrado solo 1.056 contagiados (96 casos por millón de personas), hoy tenemos 68.281 infectados (6.207 casos por millón de personas), y en aquella ocasión, había únicamente 56 decesos, hoy tenemos 2.535 fallecidos; sin duda, la emergencia es dramática hoy más que ayer. En este contexto sanitario aún más adverso, por responsabilidad con el país, el TSE debía asumir la decisión racional y sensata de postergar las elecciones: lo hizo. La medida fue aplaudida por la mayoría de la ciudadanía que, entusiastamente, quiere participar en el proceso electoral, pero con el menor riesgo y amenaza de contagio.
Reparo a la postergación de comicios. La medida de postergar las elecciones, sin embargo, fue impugnada por los movimientos sociales vinculados al MAS, quienes insisten en que las elecciones deben celebrarse el 6 de septiembre, sí o sí. Los argumentos esgrimidos en esta insensata demanda son frágiles.
Medida ilegal. Se ha sostenido que la prórroga de las elecciones comunicada por el organismo electoral es ilegal y requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa. Este razonamiento no es convincente; el organismo electoral, como órgano del Estado Plurinacional de Bolivia mantiene su independencia y separación respecto de los otros tres (CPE, Artículo 12, Parágrafo I), en este contexto la decisión del TSE (postergar las elecciones para el 18 de octubre) debe ser respetada por los otros órganos.
De manera específica, la Ley del Órgano Electoral establece que, entre otras atribuciones, el TSE debe efectuar la convocatoria a procesos electorales fijos (elecciones generales y subnacionales que se realizan cada cinco años), decidiendo la fecha de los comicios y aprobando el calendario respectivo; en cambio, los procesos electorales que no son fijos (referéndums, revocatorias de mandato, etc.) sí deben ser convocados mediante Ley expresa. (Artículo 24°, inciso 7).
Similar atribución se ratifica en la Ley de Régimen Electoral: “Los procesos electorales de mandato fijo establecidos en la Constitución Política del Estado, serán convocados por el Tribunal Supremo Electoral mediante Resolución de Sala Plena”. (Artículo 94°, parágrafo I). Esto permite constatar la legalidad de la resolución del TSE y la ilegalidad del reclamo de los movimientos sociales digitados por el MAS.
Otros países celebraron elecciones. Este es un argumento al que apelan los movimientos sociales para justificar su insensata exigencia. Al respecto, según IDEA Internacional, entre 98 naciones que tenían previsto celebrar procesos electorales este año, sólo 27 países decidieron llevar a cabo en plena pandemia y 71 optaron por la prudente postergación. Además, en general, las consecuencias execrables que acompañaron a los Estados donde se realizaron elecciones fueron: bajo nivel de participación electoral que deslegitima a las autoridades electas y alto índice de infectados que arriesga la salud ciudadana.
Observemos un caso próximo a Bolivia, las elecciones de República Dominicana efectuadas el 5 de julio reciente, en este proceso electoral las consecuencias fueron las siguientes: la participación electoral solo alcanzó a 50% y los contagiados, en 20 días, se incrementaron en 39,39%. Así, resulta insuficiente la premisa de que como ellos lo hicieron, también lo haremos nosotros: es necesario velar por elecciones que garanticen mayor participación y menor contagio.
Probable desenlace. Con seguridad, los movimientos sociales llevarán a cabo los actos de protesta programados para el día martes pero, quizá, no consigan los resultados que esperan. Las razones para sostener esta conjetura son las siguientes:
Ilegitimidad de la demanda. En la actual coyuntura, innegablemente, la mayor preocupación de los bolivianos no son las elecciones sino encarar emprendimientos económicos para subsistir en estos difíciles momentos, evitar los contagios para no tener que acudir a las colmados y costosos centros de salud y procurarse medicamentos diversos (caseros e ilegales) para afrontar la pandemia. En este escenario, las elecciones no se constituyen en una prioridad para la mayoría de la población; esta exigencia parece importar solo a algunos sectores sociales Así, la demanda de elecciones para el 6 de septiembre, no resulta legítima y no opera como articulador del descontento social; en tal caso, puede esperarse que la molestia ciudadana no se irradie social ni geográficamente.
Debilidad de los movilizados. Efectivamente, en el presente los movimientos sociales no son lo que eran, su capacidad de movilización en la “guerra del agua”, en la “guerra del gas” y durante los 14 años de gobierno del MAS era contundente. Hoy esa facultad de movilizar está disminuida, carecen de líderes que guíen la protesta (muchos perseguidos y otros exilados). Esta fragilidad pudo constatarse en los conflictos de noviembre del pasado año cuando se movilizaron en defensa del caudillo fugado y proclamaron “ahora sí, guerra civil”; estas acciones se concentraron únicamente en el Chapare (Cochabamba), Yapacaní (Santa Cruz) y Senkata (El Alto). Además, al parecer, estas fuerzas sociales están divididas, no se plegarán a esta protesta los cooperativistas mineros que en su momento apoyaron militantemente al MAS y tampoco se sumará la fragmentada FEJUVE de El Alto. Estas razones hacen prever que la movilización será limitada.
Para finalizar, si los movimientos sociales, alineados al MAS, consiguen llevar a cabo su protesta el día anunciado es probable que esta no sea contundente y, posiblemente, no puedan sustentar sus manifestaciones de descontento demasiado tiempo.