Los hechos violentos que se desarrollaron en el país tras la dimisión de Morales a la Presidencia, en noviembre de 2019, después de que fue acusado de cometer fraude electoral en los comicios de octubre, dieron origen a los principales argumentos para sustentar las acusaciones del Órgano Ejecutivo en contra de exautoridades y de dirigentes afines del MAS.

Uno de los principales procesos, denominado caso audio, tiene que ver precisamente con Morales, contra quien la Comisión de Fiscales Anticorrupción de La Paz emitió, el 6 de julio de este año, la imputación por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Además, pidió la detención preventiva del exgobernante. El sindicado dijo que el pedido de su captura era “inconstitucional”.

El caso audio fue iniciado tras el descubrimiento de un video en el que observa al dirigente cocalero Faustino Yucra hablar a través de su teléfono celular. En la conversación, en la que el interlocutor es supuestamente Morales, quien por entonces estaba asilado en México, se escucha que recibe la instrucción de cercar las ciudades para impedir el ingreso de alimentos durante los conflictos sociales de noviembre, como una medida de protesta por su renuncia. Las investigaciones constataron que las llamadas se dieron y que la voz tiene una alta identificación con la del expresidente.

A raíz de este proceso, Yucra también fue acusado de cometer los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, por lo que cumple detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz desde abril de este año.Dentro de las pesquisas por este mismo caso, la Fiscalía de La Paz emitió, el 7 de julio, una imputación formal en contra de Gladys Meneses, exdirigente del MAS, por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo.

La lista de exautoridades de la administración de Morales y de dirigentes afines al MAS por el caso audio puede aumentar, debido a que el Ministerio Público anunció que citará a declarar a dos exministros, dos exviceministros y a 14 dirigentes masistas, quienes también pueden ser incluidos en el proceso.

Por otra parte, por las acciones de violencia de noviembre, cinco excolaboradores de Morales son acusados de cometer los delitos de sedición y terrorismo. Ellos son los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Defensa, Javier Zavaleta; de Gobierno, Hugo Moldiz; de Culturas, Wilma Alanoca; y de Justicia, Héctor Arce. Todos ellos se encuentran asilados desde noviembre en la residencia de la Embajada de México, en la zona La Rinconada de La Paz.

A esas acusaciones y procesos se suma, el caso de Gustavo Torrico, asambleísta departamental de La Paz por el MAS, quien fue sindicado de cometer los delitos de sedición y terrorismo, luego de que se difundió un video grabado el año pasado en el que cuestionó a madres y padres de familia si soportarían el dolor de que sus hijos mueran al participar en manifestaciones contra el gobierno del MAS. Por este proceso, el 10 de febrero de este año, obtuvo detención domiciliaria, con custodia policial y con la prohibición de trabajar, y la orden de pagar una fianza de Bs 25.000.

El dirigente cocalero Loza se suma a los excolaboradores de Morales y dirigentes del MAS procesados.  El miércoles, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que su despacho presentó ante la Fiscalía una querella en contra el representante de los productores de coca por los delitos de alzamiento armado y amenazas, luego de conocer la declaración que hizo en rechazo a la postergación de las elecciones generales hasta el 18 de octubre.

Loza, la semana pasada, advirtió que “cualquier conflicto social, cualquier derramamiento de sangre que pueda ocurrir va a ser responsabilidad directamente del Órgano Electoral que, recalco, unilateralmente, violando todas las normas del país, intenta posponer las elecciones generales”. En respuesta al anuncio de Murillo, Loza dijo que enfrentará el proceso judicial que le inicien.