Los argumentos prorroguistas no solamente se refieren a que el acto electoral podría elevar el número de casos de contagio sino, de manera velada, se amenaza con la ejecución de un segundo golpe de estado conducido por militares cercanos a la embajada norteamericana y a los partidos neoliberales y conservadores, aunque las movilizaciones de los sectores populares en todo el país han conseguido que importantes grupos de jefes, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas se pronuncien públicamente contra la mala gestión del gobierno, el que prácticamente ha dejado abandonada a la población frente a la pandemia.

Un nuevo golpe llevaría a una situación de enfrentamiento con el pueblo movilizado. Se recuerda que en el golpe de estado de noviembre de 2019 se produjeron las masacres de Senkata en El Alto y Sacaba en Cochabamba, cuando murieron más de treinta personas y quedaron heridas cerca a un millar. A partir de ese momento se produjo también la persecución y detención de centenares de dirigentes políticos y sociales.

Asimismo, la crisis económica ha dejado sin trabajo a más del veinte por ciento de la población económicamente activa, la recesión alcanza niveles elevados, el gobierno ha paralizado la inversión pública a pesar de los millonarios desembolsos del Banco Central y la tendencia al aumento de la pobreza y la extrema pobreza es evidente. A esto se suman los hechos de corrupción en la compra de insumos médicos y en las empresas estatales ENTEL y YPFB, entre otros.

El discurso de varios ministros, autoridades, redes y medios de comunicación en sentido de que los masivos sectores de la población que incumplían la cuarentena y salían en busca de trabajo, medios de subsistencia y realización de pequeñas actividades comerciales y productivas eran “ignorantes”, “salvajes”, “indios” y “masistas” y por esa razón se infectaban del virus, se volcó radicalmente porque ocho ministros, más de una decena de viceministros y otras autoridades han sido quienes han contraído la enfermedad. Más aún la propia autoproclamada presidenta, Jeannine Añez, tiene coronavirus y gobierna desde su aislamiento en la casa presidencial. La diferencia es que estas autoridades tienen pruebas, médicos, fármacos, terapia intensiva y atención especializada.

El Tribunal Supremo Electoral, luego de consultas con los partidos políticos, el gobierno  y la Asamblea Legislativa Plurinacional, determinó  el 25 de junio fijar la fecha de elecciones para el 6 de septiembre, en tanto que diversas encuestas establecen que los candidatos del Movimientos Al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca, ganarían las elecciones en una primera vuelta frente a los candidatos de la derecha de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa y Gustavo Pedraza y de JUNTOS Jeannine Añez y Samuel Doria Medina.  

Ante esta situación y argumentando ahora que en una entrevista periodística Luis Arce hizo referencias a una encuesta interna del MAS que le daba importante ventaja electoral, varios partidos y los ultraconservadores Comités Cívicos han comenzado una acción con el objetivo de que el Tribunal Supremo Electoral anule la personería jurídica del MAS y no participe de los comicios, después que no pudieron sustentar y comprobar la denuncia de fraude en las elecciones de octubre de 2019, cuando ganó las elecciones Evo Morales Ayma.

En este panorama social, sanitario, político y económico de crisis la única opción en Bolivia es contar con un gobierno legal y legítimo y con la organización, movilización e impulso de las iniciativas comunitarias de los sectores populares en las ciudades y el campo para enfrentar la pandemia, derrotar a la dictadura y salir de la crisis económica con los sistemas de cooperación, producción, reciprocidad, intercambio y consumo organizados por la economía social, mixta y estatal.