Lo peor de la política ha surgido en los últimos días con la puja abierta entre el gobierno y el MAS sobre quién está dispuesto a regalar más dinero a los bolivianos. Primero fue la presidenta Jeanine Añez quien dijo, en una entrevista a Unitel, que si el MAS autorizara en el Legislativo el crédito del FMI de 327 millones de dólares ofrecido al país, se entregarían 500 bolivianos a todos los mayores de 18 y menores de 65 años de edad. Fue una sorpresa, antes el Ejecutivo no había señalado que ese crédito tendría ese fin. En abril pasado, cuando el FMI aprobó el préstamo, informó mediante un comunicado oficial que sería para “respaldar los gastos médicos y las medidas de ayuda que se requieren con urgencia, al tiempo que se abordan las necesidades de balanza de pagos del país”. No se hablaba de entregar bonos.

La verdad es que la propuesta de la Presidenta sonó a chantaje, algo más o menos así: “yo quisiera regalar 500 bolivianos a todos los ciudadanos, pero el MAS no quiere”. Ese partido no tardó en aprovechar el momento. Expresó que las bancadas de partido autorizarían el crédito siempre que fuera de 1.000 bolivianos por persona. O sea que a la demagogia de Añez, el candidato del MAS, Luis Arce, buscó duplicarla. Ambos líderes ofrecen dinero como si ellos fueran los dueños y mostraran su magnanimidad ante la situación desesperada de los ciudadanos bolivianos.

El MAS muestra su cinismo de manera más obvia: el mismo Arce se negó a entregar 500 bolivianos a 41.000 discapacitados que lo necesitan con desesperación. Ello hubiera implicado un gasto de 210 millones de bolivianos o el 0,1% del Presupuesto General del Estado. Ese pago, además, hubiera implicado solamente el 6% de lo que el Estado gasta en otros bonos. Pero Arce, y su jefe Evo Morales, se opusieron tercamente a ese pago, con la idea de que al gobierno anterior nadie lo presionaba. Y así les fue, de todos modos, ya que su imagen internacional y nacional se vio muy afectada por esa situación. En una voltereta inesperada, ahora es Arce el que pide aumentar y aumentar los montos de los bonos. E insiste en que el crédito del FMI está “condicionado” por esa institución, cuando no lo está.

El marco de toda esta pugna es el conflicto de poderes entre Legislativo y Ejecutivo por  los proyectos de ley de los estados de excepción y sobre diferimiento de créditos, los préstamos internacionales y el denominado “Bono Salud”. El Gobierno denunció que la Asamblea Legislativa bloquea la  aprobación de cinco créditos por un monto de 1.700 millones de dólares. Se pretende que éstos sean destinados al equipamiento de hospitales, contratación de personal, adquisición de insumos, y también para el apoyo a los productores del país. 

La Constitución señala que los bonos y préstamos tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa, por lo que este bloqueo financiero está llevando, no sólo al Gobierno, sino al país a una situación de “asfixia económica”.

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados  rechazó el proyecto de Ley de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que el Ejecutivo no había remitido la documentación pertinente. Entretanto, los  327 millones de dólares, otorgados por el FMI, ya están en las cuentas del Estado, pero no se los puede usar para las urgencias como el pago de hospitales de tercer nivel, contrato de personal, compra de insumos, entre otros.

Es deplorable que ante situaciones como las que vive el país entero, ambos poderes del Estado se nieguen a dialogar y avanzar en temas de tal prioridad.  Los chantajes, las declaraciones altisonantes no son respuestas válidas ante una emergencia como la que se afronta.

Así como las ofertas y las pugnas demagógicas resultan inadmisibles, el MAS tiene que dejar su política obstruccionista en el Legislativo, que puede estar siendo contraproducente para ese partido a estas alturas, y tratar de trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo en la elaboración de medidas económicas que ayuden a paliar la cada vez más grave situación económica.