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Medio: Jornada
Fecha de la publicación: miércoles 29 de julio de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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«Bolivia atraviesa una escalonada de violencia armada, preparada y financiada por Evo Morales», dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
La denuncia es contra Evo Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, la diputada Betty Yañíquez, como jefa de bancada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), y todos aquellos posibles «cómplices, coautores y encubridores», afirmó Núñez ante los medios en La Paz.
Los delitos de los que se les acusa por la vía penal son contra la salud pública, instigación pública a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado, destacó.
El ministro mostró una copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía en La Paz y un video con un mensaje en Twitter de Morales en apoyo a las protestas de este pasado martes, fotos de Yañíquez durante una de las manifestaciones y de Huarachi junto con el expresidente.
Núñez aseguró que el mensaje de apoyo del exmandatario muestra que «es el artífice» de las protestas, «desde su mansión en Argentina», donde se encuentra.
A la vez que destacó su «gran afinidad» con el líder de la COB, una de las organizaciones convocantes, y se preguntó qué hacía la diputada en la marcha, que calificó de «convocatoria de la muerte», por el riesgo de contagio de la COVID-19.
El gobierno culpa a Morales de las protestas
El ministro reiteró la acusación a Morales y su partido el MAS de instigar protestas en Bolivia, pese a que los actos sociales están prohibidos por la cuarentena contra el nuevo coronavirus.
Esta denuncia se suma a otras anteriores del Ejecutivo contra el expresidente, que está acusado por la Fiscalía de delitos como terrorismo en distintos procesos.
Bolivia vivió este pasado martes una jornada de protestas en demanda de la celebración de elecciones en septiembre, en vez de su aplazamiento a octubre, en las que predominaron consignas contra la presidenta Jeanine Áñez.
El Gobierno califica las protestas de políticas para desgastar a Áñez, porque el que convoca los comicios es el órgano electoral, no el Ejecutivo.
El Tribunal Supremo Electoral anunció la semana pasada que los comicios se retrasan del 6 de septiembre al 18 de octubre para facilitar la votación con menor riesgo de contagios de COVID-19 y mayores medidas de bioseguridad.
Las elecciones ya se habían pospuesto de mayo a septiembre por la emergencia sanitaria en el país, que acumula 2.720 fallecidos y 72.327 casos confirmados de la enfermedad.



